Expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Foto: Página Siete
La Paz, 25 de junio (ANF).- El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, afirmó este lunes que el Gobierno quiere enterrar su “irresponsabilidad” en el caso Quiborax, donde perdió el juicio por una “pésima defensa”, comprometiéndolo a él en un proceso penal para eliminarlo como figura política en un escenario electoral ficticio.
“Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el ‘muerto’. Busca así un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial”, escribió Mesa en su blog personal.
La exautoridad sostuvo que el caso Quiborax es un emblema de la “forma autoritaria e irresponsable de cómo funciona el gobierno del Presidente Evo Morales” y dio ocho argumentos en su defensa ante la acusación del Ejecutivo que lo implica en daño económico al Estado por casi 40 millones de dólares.
Mesa señala que las acciones penales que el Procurador Pablo Menacho pide iniciarle por los “supuestos e inexistentes delitos” producto del decreto supremo (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, aprobado en su Gobierno, “son inconducentes, porque el hecho ha prescrito superabundantemente, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma es ilegal”.
Indica que a esto se suma, en su defensa, que el expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005. “Abrogación quiere decir que la norma se extingue, desaparece, deja de existir jurídicamente, quedando vigente y sujeto a las consideraciones judiciales pertinentes, sólo el citado DS 28527 y no el que yo dicté”.
Agrega además que los defectos de forma fueron totalmente subsanados en su gobierno mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM) que anuló todas las concesiones adjudicadas a Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax. Y por si eso fuera poco, “el DS de Eduardo Rodríguez que abrogó mi DS, reconoció la plena legalidad de la anulación hecha por la SM, subrayando que esa Resolución causaba estado. Por esa razón Bolivia llegó con toda su normativa saneada ante cualquier reclamo de NMM-Quiborax”.
El juicio con Quiborax
Mesa recuerda que antes de iniciar formalmente el proceso arbitral en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), Bolivia y NMM-Quiborax habían llegado en 2008 a un acuerdo de conciliación por el que Bolivia se comprometió a pagar 3 millones de dólares a la empresa como compensación por la anulación de sus concesiones. Acuerdo que consta en el numeral 10 de la “Decisión sobre Medidas provisionales” dictado por el Tribunal Arbitral del CIADI. Sin embargo, el 14 de enero de 2009 NMM-Quiborax comunicó al Tribunal que “Bolivia se había retractado del citado acuerdo lo que le causó al país, tras el pago realizado en 2018, una pérdida de 39,6 millones de dólares”.
Sin embargo, años antes se conoció que los propietarios de NMM-Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista de NMM y otros, falsificaron el acta de constitución de la empresa, y esa falsificación alteró su composición accionaria. Tal delito era imprescindible para poder presentar una demanda de arbitraje ante el CIADI, amparándose en el Tratado de protección de inversiones suscrito entre Chile y Bolivia, ya que el citado delito fue reconocido expresamente por David Moscoso en el proceso penal abreviado, que el 14 de agosto de 2009 lo condenó a dos años de cárcel por uso de instrumento falsificado.
Pero “a pesar de la gravedad del delito que contaminó de nulidad absoluta todo el proceso arbitral desde la presentación de la demanda, Bolivia no logró la extinción de este proceso viciado”.
Mesa recuerda que cuando la Procuraduría, a pesar del delito de falsificación, decidió seguir en el Proceso Arbitral, afirmó categóricamente, como se registra en los documentos oficiales del Tribunal Arbitral, que “el decreto de Revocatoria (27589, de mi gobierno) se adoptó sobre la Ley Nº 2564 y NO es ilegal…Fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras de las Demandantes”. Pero, “cuando pierde el juicio por una pésima defensa, la Procuraduría dice que lo que defendía como legal, ahora lo considera ilegal y presenta una acusación en mi contra”.
El 16 de septiembre de 2015 el CIADI falló en contra de Bolivia y le exigió el pago de 48,6 millones de dólares a favor de NMM-Quiborax. Bolivia pidió la anulación por vicios de fondo. Pero, “increíblemente, cuando todavía no se conocía si el Tribunal anularía o no su decisión, como consta por los documentos de la procuraduría que dirigía entonces Héctor Arce, el 4 de agosto de 2016, casi dos años antes de la ratificación del fallo del Tribunal que se conoció recién el 18 de mayo de 2018, autoridades de la subprocuraduría, lado a lado con abogados y funcionarios chilenos de NMM-Quiborax, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana, y el proyecto de sentencia de sobreseimiento de Allan Fosk y otros en el juicio penal por la citada falsificación del Acta constitutiva de NMM, además de un proyecto de acuerdo final de compensación a favor de NMM-Quiborax”.
Tras esta sucesión de irregularidades y desatinos en la defensa de Bolivia, refiere Mesa, el 7 de junio de 2018 el Ministro de Minería César Navarro y el Procurador Pablo Menacho, “le pagaron a NMM-Quiborax 42,6 millones de dólares, generando un grave daño al Estado”.
“En toda esta vergüenza debe tomarse en cuenta que NMM invirtió menos de un millón de dólares en sus concesiones en el Salar de Uyuni, carecía de estudios técnicos y geológicos que probaran su expectativa de explotación, no contaba con un plan de inversiones sólo posible como resultado de los estudios anteriormente citados y, en consecuencia, no podía presentar un plan temporal de explotación de los yacimientos que demuestre aspectos referidos al lucro cesante y daños y perjuicios consiguientes”, indica.
En ese sentido, remarca que la combinación del delito flagrante de falsificación del documento madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja, “hacían inverosímil el reclamo de la cifra astronómica que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la Procuraduría, Bolivia acabó pagando”.
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