La Paz, 11 Jul. (ANF).- La Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas cumplió este jueves un año de vigencia en medio de críticas de la oposición, que denuncia su inaplicabilidad por la falta de “recursos” y la “voluntad” de las autoridades para dar pleno funcionamiento a la norma.
La ley tiene por objeto regular el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas, las acciones e instancias de prevención, protección, rehabilitación, control, restricción y prohibición, estableciendo las sanciones ante el incumplimiento de las mismas.
“Esa ley es un saludo a la bandera, más aún si ésta no va acompañada del apoyo económico necesario para su implementación”, cuestionó este jueves la diputada Norma Piérola (CN), quien descalificó esta norma por delegar “responsabilidades a los Gobiernos sub nacionales, departamentales y a la misma Policía, y no se les dé ningún centavo para la implementación”.
De acuerdo a la ley los encargados de implementarla son el Órgano Ejecutivo, así como la Policía Boliviana, en coordinación con todas las Entidades Territoriales Autónomas, en el ámbito de sus competencias.
Entre las disposiciones que se contemplan en esta norma, se destacan las referidas a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años o la restricción de éstos a establecimientos donde se expendan licores o el consumo de bebidas en compañía de menores.
“Esto no se cumple por la falta de voluntad de las personas, la falta de fiscalización de este tema”, cuestionó la legisladora, quien criticó que no exista una “política criminal integral” que pueda, entre otros puntos, formar conciencia en la población para que personas menores de edad no sean inducidas al consumo de bebidas alcohólicas.
El presidente de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio (MAS), reconoció que puede haber alguna “deficiencia” en la aplicación de esta ley, pero ello debe ser conocido a través de informes oficiales de las autoridades y no a simples denuncias sin sustento. Sin embargo señaló que esta ley está vigente y se aplica.
“Seguramente tiene sus deficiencias, hay que ir ajustándola, la norma es realmente positiva, la norma es favorable a los intereses de la población y bueno, no es criticar la ley, que está bien hecha. Ahora la idea es aplicarla, los que tienen que hacerla cumplir, el Ejecutivo, la Policía Boliviana tendrán que mostrar en datos los resultados”, señaló.
Aparicio dijo que, una vez que termine el receso legislativo, pedirá informes al Ministerio de Gobierno y otras entidades para conocer los resultados que ha tenido esta norma.
La ANF se comunicó con el Ministerio de Gobierno para conocer su contraparte respecto a la aplicación de esta ley y el director de la Unidad de Comunicación, Antonio Aruquipa, accedió a viabilizar una entrevista con el ministro Carlos Romero, pero no se concretó la misma.
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