La Paz, 25 de junio de 2025 (ANF).- Según datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario correspondientes a la gestión 2024, los departamentos de Santa Cruz y La Paz albergan a la mayor parte de la población penitenciaria adulta mayor en Bolivia, con 462 y 390 personas respectivamente, lo que representa más del 56% del total nacional que asciende a 1.515 privados de libertad de la tercera edad.
El informe, facilitado a ANF por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, revela que 750 de estos adultos mayores están en condición de detenidos preventivos, mientras que 698 ya cuentan con sentencia. Llama la atención que un porcentaje considerable de esta población, el 49,5%, aún no ha sido juzgado.
Las mujeres representan apenas el 4,4% del total, con 67 internas frente a 1.448 varones.
Santa Cruz encabeza la lista con 242 hombres y 9 mujeres en detención preventiva, y 203 varones junto a 8 mujeres con sentencia. Le sigue La Paz con 206 preventivos varones y 9 mujeres, y 161 sentenciados varones más 14 mujeres, lo que representa la cifra más alta de mujeres adultas mayores encarceladas.
Cochabamba ocupa el tercer lugar con 199 personas, mientras que departamentos como Pando y Beni muestran cifras notablemente menores, con 38 y 65 internos respectivamente. Pando destaca por no tener mujeres adultas mayores en prisión.
A pesar de representar una población particularmente vulnerable, los adultos mayores continúan enfrentando procesos judiciales prolongados y condiciones penitenciarias que no siempre se ajustan a sus necesidades. Especialistas en derechos humanos han advertido sobre la urgencia de revisar la situación jurídica y penitenciaria de este grupo etario.
La tabla también expone la escasa presencia femenina, lo que podría estar asociado a la menor tasa de criminalidad entre mujeres mayores, pero también a factores estructurales en el acceso a la justicia y a las condiciones de detención diferenciadas por género y edad.
El informe destaca que más del 51% de los adultos mayores presos se encuentran en solo tres departamentos, lo que llama a la reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial y penal en el país, así como sobre las políticas públicas de atención a esta población en conflicto con la ley.
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