La Paz, 11 de julio de 2025 (ANF).- A pesar de los avances normativos en Bolivia en materia de paridad política, las mujeres continúan enfrentando una falta estructural de reconocimiento como sujetas políticas plenas, lo que limita su participación efectiva en los espacios de decisión.
Esta es una de las principales conclusiones del capítulo “Reconocimiento” del informe “La paridad en tiempos de crisis”, elaborado por Oxfam en Bolivia, la Coordinadora de la Mujer y el CESU-UMSS. El documento advierte que el acceso de las mujeres a la política ha provocado una reacción defensiva de parte de sectores masculinos que perciben amenazado su dominio histórico.
Las investigadoras Luciana Jáuregui y Daniela Elías identifican tres grandes tensiones que limitan el reconocimiento político de las mujeres: la reproducción de roles de género tradicionales, la persistencia de estereotipos simbólicos y la violencia política como forma extrema de resistencia patriarcal.
En primer lugar, el informe resalta que la irrupción femenina en el campo político trastocó los mandatos tradicionales de género. Muchas mujeres que ingresaron a la política enfrentan presiones para seguir cumpliendo con roles de cuidado en el hogar, lo que sobrecarga su jornada y condiciona su tiempo y energía para ejercer cargos públicos.
Esta doble jornada —política y doméstica— no solo agota, sino que muchas veces es utilizada como argumento por sus pares varones para cuestionar su dedicación o compromiso político, sin reconocer las barreras estructurales que enfrentan.
En segundo lugar, persisten estereotipos sobre qué tipo de mujeres son “aptas” para la política. Mientras los varones se presumen competentes, las mujeres deben demostrar constantemente su capacidad, liderazgo y compromiso. La juventud, el origen indígena o el hecho de ser madres son usados muchas veces para deslegitimarlas.
El estudio evidencia que las mujeres indígenas, campesinas o de sectores populares enfrentan un racismo de género: son vistas como subordinadas, menos preparadas o “manipulables”, lo que refuerza su marginación en las estructuras partidarias y legislativas.
Las mujeres también son objeto de sexualización o moralización. Se cuestiona su vida personal, su forma de vestir o hablar, y su rol público es frecuentemente vinculado a la sospecha, el escándalo o la traición.
Esta dinámica, según las autoras, despoja a las mujeres de reconocimiento simbólico, limita su autoridad política y profundiza la brecha entre paridad descriptiva (número de mujeres) y paridad sustantiva (poder real de decisión).
En tercer lugar, el informe denuncia que la violencia política contra las mujeres es una forma disciplinaria que busca frenar por la fuerza su participación. Esta violencia adopta formas simbólicas, verbales, psicológicas, físicas e incluso sexuales.
Las entrevistadas para el estudio coinciden en que la violencia política no solo es frecuente, sino tolerada e incluso invisibilizada. Muchos casos no se denuncian por miedo, normalización o falta de respuestas institucionales.
El informe destaca que la Ley 243 contra el acoso y violencia política, aunque pionera, tiene limitaciones en su implementación. Las sanciones no se aplican con rigor, y los agresores —muchas veces autoridades electas o dirigentes— no son separados de sus cargos.
A esto se suma la falta de mecanismos eficaces de protección y la impunidad, que refuerzan el mensaje de que la violencia contra mujeres políticas no tiene consecuencias reales para los agresores.
Paradójicamente, muchas mujeres que se atreven a denunciar terminan siendo revictimizadas. En lugar de apoyo, reciben acusaciones de “debilidad” o de querer dañar la imagen de su partido.
Según el estudio Delphi incluido en el informe, más del 70% de las mujeres entrevistadas identifican la violencia política como uno de los principales obstáculos para ejercer sus funciones.
Esta situación genera un clima de temor y desconfianza, que afecta no solo a quienes ya están en política, sino también a jóvenes lideresas o militantes que contemplan su participación futura.
Las autoras concluyen que la falta de reconocimiento no es un fenómeno aislado, sino parte de una reacción patriarcal más amplia que busca frenar los avances en igualdad de género en contextos de crisis política, económica y social.
En este contexto, la democracia paritaria intercultural corre el riesgo de estancarse o incluso retroceder si no se garantiza el reconocimiento pleno de las mujeres como actoras legítimas del poder.
El informe propone avanzar hacia una “paridad participativa”, que no solo contemple el número de mujeres en cargos, sino también su capacidad efectiva de ejercer poder bajo condiciones dignas, libres de violencia y discriminación.
Para ello, se requiere fortalecer la institucionalidad democrática, sancionar la violencia política con firmeza, transformar las culturas organizacionales de los partidos y garantizar el reconocimiento simbólico, político y social de las mujeres en el poder.
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