La Paz, 7 de abril de 2026 (ANF).- Un informe elaborado por la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales (A.M.T.S.) Warmi revela que el embarazo no deseado en mujeres trabajadoras sexuales en Cochabamba no puede entenderse como una decisión individual, sino como el resultado de profundas desigualdades estructurales que limitan su autonomía y vulneran sus derechos.
La investigación, presentada por Fitti Lino Terceros, presidenta y fundadora de la organización, advierte que factores como la precariedad económica, la informalidad laboral, el estigma social y la violencia institucional configuran un escenario de exclusión que condiciona la salud sexual y reproductiva de este grupo.
“El embarazo no deseado está atravesado por múltiples violencias y omisiones del Estado”, sostuvo Terceros, en contacto con ANF, al subrayar que la falta de reconocimiento del trabajo sexual en el marco normativo priva a estas mujeres de acceso a seguridad social y atención médica digna.
El informe documenta prácticas de violencia institucional, como extorsiones policiales y negligencia en servicios de salud, donde las trabajadoras sexuales son juzgadas por su ocupación. Esta situación, según el estudio, refuerza su invisibilidad y limita su acceso a información y servicios adecuados.
En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, si bien existe conocimiento general, su aplicación está condicionada por relaciones de poder desiguales. El uso del preservativo masculino depende frecuentemente de la voluntad del cliente, lo que reduce la capacidad de negociación de las mujeres. Además, se registra un uso recurrente de la anticoncepción de emergencia sin la debida orientación médica.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la recurrencia a prácticas abortivas clandestinas y de alto riesgo. Ante la falta de opciones legales, muchas mujeres recurren a métodos inseguros como el consumo de hierbas, medicamentos sin supervisión o procedimientos peligrosos, lo que evidencia una grave falla del sistema de salud.
En este contexto, el 80% de las encuestadas expresó su apoyo a la despenalización del aborto en Bolivia, considerándola una medida urgente para garantizar su supervivencia y derechos.
El informe también destaca la interseccionalidad de las opresiones que enfrentan estas mujeres, donde se cruzan factores de género, edad, clase y ocupación, profundizando su vulnerabilidad.
Entre las principales recomendaciones, se plantea avanzar hacia la despenalización del aborto, implementar políticas públicas inclusivas con enfoque interseccional, garantizar el acceso real a métodos anticonceptivos —como el condón femenino— y reconocer el trabajo sexual para asegurar derechos laborales y acceso a sistemas de protección.
También propone fortalecer las redes comunitarias ya existentes, como base para políticas más efectivas, que respondan a las realidades específicas de las trabajadoras sexuales y promuevan una verdadera justicia reproductiva.
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