La Paz, 14 de julio de 2025 (ANF).- En tiempos de crisis, la paridad de género en Bolivia enfrenta no solo desafíos políticos y simbólicos, sino también económicos. El capítulo 3 del informe “La paridad en tiempos de crisis” revela cómo la precariedad y la injusta redistribución de recursos impactan directamente en la participación política de las mujeres.
Bajo el enfoque de “paridad participativa” propuesto por Nancy Fraser, se sostiene que no puede existir una participación política efectiva si no se garantiza también una redistribución material que nivele las condiciones de acceso y permanencia. Las mujeres, particularmente en contextos de crisis, llevan sobre sus hombros un peso económico que limita su poder de acción en el espacio público.
Según el estudio Delphi incluido en el informe, muchas mujeres políticas en Bolivia deben financiar sus carreras con recursos propios o de sus familias. La política, en este escenario, se convierte en un privilegio más que en un derecho accesible para todas.
“La política se vuelve un lujo cuando no tienes lo mínimo garantizado”, afirma una de las entrevistadas del estudio. La afirmación revela la tensión entre el ideal de participación democrática y la realidad económica que enfrentan muchas lideresas.
Esta situación se agrava por la inexistencia de financiamiento público directo para candidatas o liderazgos femeninos. Aunque la ley exige el uso del 5% del financiamiento público para la formación política de mujeres, en la práctica ese fondo no se traduce en un apoyo económico real.
A ello se suma el impacto de la crisis económica, que ha trasladado muchas de las funciones del Estado al ámbito doméstico, profundizando la doble o triple jornada laboral de las mujeres.
Las tareas de cuidado, tradicionalmente feminizadas, no solo no han sido redistribuidas, sino que han aumentado durante la recesión. La consecuencia es clara: menos tiempo, menos energía y menos posibilidades de sostener un trabajo político continuo.
“La política no reconoce las otras vidas que llevamos las mujeres”, señala otra entrevistada. Esta frase resume el desajuste entre las estructuras políticas y la realidad cotidiana de las mujeres, especialmente de aquellas que son madres, trabajadoras o cuidadoras.
En este contexto, muchas lideresas optan por retirarse de los espacios públicos o limitar su participación a cargos de menor exigencia. La desigualdad material, entonces, actúa como un filtro que selecciona quiénes pueden y quiénes no pueden hacer política.
El informe denuncia también la falta de políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidado como un problema político. La ausencia de servicios de cuidado estatalizados condena a las mujeres a negociar constantemente entre su activismo y su vida privada.
Pero no todo es pasividad. El informe destaca cómo muchas mujeres están ampliando los límites de lo político, incorporando su vida cotidiana como parte del activismo.
Así, emergen formas de politicidad que rompen con la dicotomía público-privado. Cuidar, resistir, organizar ollas comunes o liderar desde los barrios también es hacer política.
Esta politización del cuidado representa una forma de subversión ante un sistema que históricamente ha invisibilizado estas tareas. Al volver visible lo invisible, las mujeres transforman el significado mismo de participación política.
Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones. La entrada de lo privado en lo público también conlleva costos emocionales, físicos y simbólicos para las mujeres.
Muchas veces, esa politización no es reconocida ni valorada por los actores institucionales, quienes siguen operando bajo una lógica patriarcal que minimiza las nuevas formas de acción política.
El informe alerta que estas condiciones de desigualdad pueden acentuarse en el marco de las elecciones generales de 2025, especialmente si las políticas de ajuste económico recortan aún más los presupuestos destinados a políticas de género.
Una regresión en términos de redistribución puede significar un retroceso en la presencia femenina en espacios de decisión, ya que muchas mujeres verán aún más restringidas sus posibilidades materiales de participación.
“Participar en política sin recursos es participar en desventaja”, concluye una de las entrevistadas. Este diagnóstico subraya la necesidad de medidas estructurales que compensen las desigualdades de base.
Entre las propuestas planteadas en el informe se encuentran: establecer mecanismos de financiamiento directo para candidatas, implementar sistemas públicos de cuidado y redistribuir las tareas del hogar de forma corresponsable.
Se recomienda también evaluar el impacto económico de las políticas públicas desde una perspectiva de género, y considerar el tiempo como un recurso político que debe ser valorado.
Otra medida urgente es el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres políticas, para compartir recursos, experiencias y estrategias que les permitan sostenerse en el tiempo.
El informe de Oxfam y la Coordinadora de la Mujer concluye que la redistribución no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para la democracia.
En tiempos de crisis, advierte, la participación de las mujeres no puede depender solo de su voluntad o militancia: necesita de un Estado que garantice condiciones materiales mínimas de igualdad.
De lo contrario, la paridad corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía, en una inclusión sin poder, y en una democracia formal sin democracia real.
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