Hasta el momento, en la Asamblea existen seis proyectos de ley que plantean resolver las acefalías, pero ninguno fue aprobado en las diferentes comisiones para que pasen al pleno.
El director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, anunció que el director del penal de San Pedro, coronel Juan Carlos Andia, fue destituido de su cargo tras la denuncia de una fiesta organizada por un recluso.
En un memorial dirigido al fiscal departamental de Tarija, Cindy Saraí V. P., asegura que nunca fue víctima de trata de personas y solicita el retiro de la acusación fiscal contra el expresidente.
La Sala Penal del TSJ tomó esa decisión en el Auto Supremo 1190/2026, dictado el 26 de junio, tras considerar “que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes”, lo que ratifica un fallo favorable a Fancesa.
El Órgano Judicial exige un presupuesto del 5% del Presupuesto General del Estado y la aprobación inmediata de normas para fortalecer y modernizar la administración de Justicia.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que existen indicios de organizaciones criminales que desvían combustible para financiar actividades ilegales, incluso del narcotráfico.
El exdirigente afirmó que esta es la segunda vez que la audiencia se suspende. Recordó que en la anterior oportunidad el acto no avanzó debido a que el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno no presentaron a los testigos ofrecidos.
Valda criticó que el cambio de gestión no haya derivado en modificaciones estructurales dentro del sistema judicial, como el reemplazo de fiscales y jueces cuestionados o la sanción a policías señalados por presuntas torturas y detenciones.
La institución pidió esclarecer los motivos, causas y escenarios en que se produjeron los cinco fallecimientos, cuatro por falta de atención médica, y uno por impacto de bala para no dejar en la impunidad esas muertes.
El Tribunal resolvió “rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Francisco Javier Mayta Condori” en representación de la Asociación de Procesadoras Metalúrgicas Viacha (APROMEV).
Además, los altos jueces explicaron que más de 2.000 expedientes estaban en los cajones de los escritorios de los cinco exmagistrados autoprorrogados, un tema que según Muñoz, merece una investigación penal.
De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura citados por la Defensoría, más del 20% de los jueces del país enfrentan procesos administrativos por faltas o presuntos delitos.
