La Paz, 19 de febrero de 2026 (ANF).- A más de 100 días del inicio del nuevo gobierno, organizaciones que acompañan a víctimas de violencia y feminicidio coinciden en que no hay cambios estructurales en el sistema de justicia y persisten las mismas fallas que, desde hace años, obstaculizan el acceso a una reparación efectiva.
“No existe ningún tipo de movimiento en los casos que supervisamos. Se mantiene la misma lentitud y letargo en los operadores de justicia”, afirmó Mary Marka, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en contacto con ANF.
Marka sostuvo que, pese a los discursos oficiales, no se evidencian avances concretos ni líneas de acción claras desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Como ejemplo del estancamiento, mencionó el caso de la exconcejala Juana Quispe, ocurrido hace más de una década y que aún se encuentra en etapa de casación en Sucre.
“No se han cumplido los plazos procesales y no se registra actividad reciente. Es un caso emblemático que refleja cómo el tiempo se convierte en una forma de impunidad”, señaló.
Desde su perspectiva, las fallas son estructurales. Cuestionó al Ministerio Público por la falta de investigaciones eficaces y ágiles, lo que deriva —dijo— en la pérdida de pruebas fundamentales. Tampoco percibe mejoras en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde, aseguró, persiste la ausencia de investigaciones veraces.
En el ámbito municipal, añadió, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) continúan sobrepasados y sin personal suficiente o actualizado para atender la complejidad de los casos.
Marka reconoció, no obstante, una excepción: en casos de feminicidio con pruebas contundentes, bajo la gestión del nuevo fiscal general, se observa una actuación más acelerada y una respuesta inmediata. Sin embargo, advirtió que esos avances puntuales no modifican el panorama general.
También expresó preocupación por el cuestionamiento de sectores conservadores a la Ley 348 y la falta de indicadores públicos que permitan medir el desempeño institucional.
La indignación es más contundente en Rosario Méndez, representante de las Familias Víctimas de Feminicidio. “Todo sigue igual”, sentenció en entrevista con ANF. A su juicio, jueces y fiscales cuestionados por corrupción continúan en sus cargos, sin procesos disciplinarios efectivos.
Méndez habló desde la experiencia personal. Dijo que hace 12 años obtuvo una sentencia ejecutoriada por el feminicidio de su hija, pero el juez de ejecución no la hace cumplir. “Permite chicanas legales constantes. Siempre hay un recurso más, una excusa más. Es una burla”, denunció.
El proceso judicial se convirtió en un “viacrucis” económico. Según explicó, incluso las notificaciones implican gastos excesivos. “Nos obligan a usar determinados radiotaxis y hemos llegado a pagar 700 bolivianos por una notificación en El Alto. Es un sistema de desgaste intencional”, sostuvo. Para las familias, indicó, cada trámite significa tiempo, dinero y una nueva herida emocional.
Méndez también cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo. Aseguró que, desde la posesión del presidente Rodrigo Paz, enviaron notas solicitando reuniones, pero no fueron convocadas.
“El Ministerio de Justicia se ha cerrado para las asociaciones de víctimas”, afirmó. Pero, el impacto no es solo económico. Este peregrinar constante durante años deteriora la salud física y mental. “Vivimos en un estado permanente de angustia”, apuntó.
La representante de la Alianza Por Los Huérfanos del Feminicidio, Michelle Shaw, coincidió en que los avances son mínimos y que persisten desafíos estructurales profundos. Identificó algunos aspectos positivos, como la implementación —hace aproximadamente cuatro años— de herramientas tecnológicas en el Ministerio Público que permiten hacer seguimiento gratuito a los procesos penales mediante el CUD o NUREJ.
“Es un avance en transparencia, pero no es reciente”, aclaró.
Shaw también consideró favorable la designación de Jessica Chavarría como viceministra de Igualdad de Oportunidades, a quien describe como comprometida con el seguimiento de casos, así como la supresión de instancias que representaban un gasto innecesario dentro del Ministerio de Justicia. Sin embargo, insistió en que esos cambios administrativos no resuelven el problema de fondo.
Uno de los principales obstáculos, explicó, es la burocracia posterior a la sentencia. “Puedes lograr una sentencia en uno o dos años, pero convertirla en cosa juzgada puede demorar de uno a tres años adicionales. Es un desgaste brutal”, señaló.
A ello se suma la alta carga procesal, la falta de debida diligencia de fiscales y la “inoperancia e ineficacia” en investigaciones de feminicidio y violencia sexual.
Shaw denunció además la reducción de recursos para la FELCV, lo que limita su capacidad operativa. “No cuentan con medios básicos para investigar. Y, por la falta de presupuesto, las víctimas terminan pagando pasajes de investigadores, CD, USB y hasta hojas de papel”, afirmó.
/FC/
Articulo sin comentarios
