La Paz, 7 de octubre de 2025 (ANF).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los acusó de usurpar funciones y emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE).
En la denuncia, Saucedo sostiene que los magistrados del TCP continúan ejerciendo funciones de manera ilegal, pese a que su mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que fija un periodo de seis años para todas las autoridades judiciales elegidas en los comicios de diciembre de 2017.
“Actualmente hay personas que están usurpando funciones que ya no les compete y que van en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado”, señala el documento presentado por Saucedo.
El presidente del TSJ recordó que el Auto Constitucional 49/2023, emitido el 11 de diciembre del año pasado, dispuso la extensión y prórroga del mandato de todos los magistrados y consejeros del Órgano Judicial, una medida que, según su denuncia, fue adoptada “de manera unilateral, discrecional y arbitraria”.
Las judiciales de 2024 se realizaron de forma parcial por decisión de los cuestionados magistrados del TCP. En enero de 2025, solo fueron posesionados los electos de los departamentos donde se celebró las elecciones. Saucedo denunció que cinco magistrados del TCP permanecen en sus cargos: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
La denuncia cita los artículos 200 y 183.1 de la Constitución Política del Estado, que establecen que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen un mandato de seis años no renovable, al igual que los del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, invoca los artículos 153 y 163 del Código Penal, que sancionan los delitos de “Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” y “Usurpación de funciones”, respectivamente.
En el caso del primer delito, se acusa a los magistrados de haber dictado una resolución (Auto Constitucional 49/2023) que extendió su mandato más allá del plazo previsto por la Carta Magna, afectando el normal funcionamiento del Estado y del sistema judicial.
En cuanto a la usurpación de funciones, la denuncia sostiene que los magistrados continúan ejerciendo autoridad tras haber cesado legalmente en sus cargos, lo que configura la conducta tipificada en el artículo 163 del Código Penal, con penas de cuatro a ocho años de prisión cuando se trata de funciones jurisdiccionales.
En el documento, Saucedo solicita al Ministerio Público que investigue penalmente a los magistrados denunciados y, como medida precautoria, active una alerta migratoria para evitar su salida del país mientras dure el proceso.
“Se realiza la presente denuncia contra las personas identificadas por adecuar su accionar a los tipos penales incursos en los artículos 153 y 163 del Código Penal”, señala el petitorio.
La denuncia de Saucedo no incluye a los magistrados prorrogados que también están en el Tribunal Supremo de Justicia.
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