La Paz, 20 de enero de 2026 (ANF).- Las recientes detenciones y procesos penales activados contra exautoridades de la gestión de Luis Arce reabrieron el debate sobre el uso de la justicia en Bolivia. Mientras el Gobierno defiende estas acciones como parte de una ofensiva contra la corrupción heredada, juristas y defensores de derechos humanos advirtieron que el riesgo de revancha política sigue latente si las investigaciones no se conducen con criterios estrictamente técnicos, objetivos e imparciales.
El abogado Eusebio Vera planteó una mirada de cautela frente a los procesos en curso. Si bien considera necesario que las investigaciones alcancen a las “cabezas” del poder y no se limiten, como en gestiones pasadas, a funcionarios subalternos, sostuvo que aún es temprano para concluir si los casos actuales responden a una búsqueda genuina de justicia o a un revanchismo político.
“Durante años se persiguió solo a los niveles bajos, cuando es muy difícil que una Máxima Autoridad Ejecutiva no conozca o autorice operaciones relevantes, especialmente cuando hay órdenes de pago de por medio”, afirmó en contacto con ANF.
Vera subrayó que los casos de corrupción, a diferencia de otros delitos, cuentan con abundante respaldo documental: informes, resoluciones administrativas y registros financieros. Por ello, exigió que las investigaciones sean “científicas, profesionales y objetivas”, capaces de individualizar responsabilidades en toda la cadena de decisiones, desde ministros hasta asesores, directores jurídicos y administrativos.
Solo de esa manera —dijo— se evitará repetir prácticas de persecución direccionada que, a su juicio, marcaron las últimas dos décadas.
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