La Paz, 30 de enero de 2026 (ANF).- La Aduana Nacional dispuso el despido inmediato de cinco funcionarios que cumplían funciones en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, tras establecerse omisiones en los controles aduaneros vinculados al denominado caso “Maletas”.
La decisión fue asumida por instrucción directa de la presidencia ejecutiva de la institución, luego de verificarse que los funcionarios no aplicaron los procedimientos obligatorios de revisión y fiscalización del equipaje, establecidos en la normativa vigente.
Entre los funcionarios desvinculados se encuentran técnicos, supervisores, personal operativo y el administrador aduanero del aeropuerto, quienes se encontraban de turno el día en que se produjo el ingreso irregular de más de 30 maletas procedentes de Estados Unidos.
De forma paralela a la medida administrativa, la Aduana Nacional inició los procesos penales correspondientes contra los exfuncionarios, presentando una denuncia formal ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, receptación, encubrimiento y corrupción pública.
El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto, señaló que la institución actuó de manera inmediata al evidenciar las fallas en los controles, reafirmando que la revisión de equipaje es obligatoria y que la omisión de estos procedimientos constituye una falta grave.
El caso se remonta al 29 de noviembre del año pasado, cuando la exdiputada Laura Rojas ingresó al país por el aeropuerto de Viru Viru con decenas de maletas, utilizando un pasaporte diplomático que había caducado según información de la Cancillería. Pese a ello, el equipaje no fue sometido a los controles aduaneros correspondientes.
Posteriormente, las maletas fueron trasladadas a un galpón de una empresa de seguridad privada, donde el 20 de enero se halló droga, hecho que derivó en una investigación penal de alcance nacional.
La Aduana Nacional aseguró que coadyuvará plenamente con las investigaciones, instruyendo al personal en funciones a colaborar con el Ministerio Público y la Policía Boliviana, además de reforzar los controles internos para evitar hechos similares en el futuro.
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