La Paz, 25 de septiembre de 2025 (ANF).- La investigación por el caso Botrading, que involucra presuntas irregularidades millonarias en la compra de combustibles, sigue generando controversia. Mientras la parte denunciante advierte sobre intentos de manipulación y desaparición de pruebas en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Fiscalía ejecutó este jueves allanamientos en Santa Cruz, de donde secuestró documentación que será enviada a La Paz para su análisis.
El denunciante Ludwig Abrahán Sánchez alertó que en los últimos días se realizaron movimientos internos en YPFB con el objetivo de “maquillar y hacer desaparecer documentos” relacionados con contratos con la empresa Botrading.
“Tenemos información fidedigna de que han estado manipulando documentación. Exigimos que la Fiscalía allane YPFB Refinación, Logística y Corporación en Santa Cruz”, sostuvo en conferencia de prensa. También señaló al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, de haber viajado a Paraguay para presuntamente favorecer la desaparición de pruebas.
Paralelamente a estas denuncias, el fiscal Omar Yujra, desplazado desde La Paz, confirmó que se secuestraron documentos en oficinas de YPFB Refinación y Logística. “Estos serán remitidos a La Paz para el análisis correspondiente de la comisión de fiscales”, señaló. Aclaró que aún está pendiente otra inspección en la sede de Gobierno y que la investigación apunta a posibles sobreprecios en operaciones entre YPFB Logística, YPFB Refinación, YPFB Corporación y Botrading.
La contradicción surgió porque el abogado de la parte denunciante, Curmi Rocha, aseguró que el caso fue declarado en reserva hace seis días, tras la audiencia del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, hoy detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. “El fiscal estaría ocultando requerimientos y notificaciones. No podemos acceder a las actuaciones ni a las declaraciones que se presentan. Nos están ocultando el proceso”, cuestionó.
Rocha también precisó que la Fiscalía solicitó la emisión de alertas migratorias contra 10 investigados, además de la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias. Sin embargo, cuestionó que varios allanamientos programados para agosto fueron postergados, lo que, a su criterio, “refleja complicidad institucional”.
Por su parte, la defensa de Félix Cruz, representada por Edwin Lenis, reiteró que el exgerente es inocente. “Félix no participó en los hechos porque no era funcionario de YPFB estatal, sino de una empresa privada. Además, nunca fue notificado formalmente para declarar ante Diputados. La Fiscalía sostiene un enredo”, afirmó.
La Fiscalía aseguró que continuará con nuevas citaciones, ampliación de pesquisas y más medidas en las próximas semanas.
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