La Cámara Nacional de Industrias alertó que se pone en riesgo las fuentes laborales de miles de trabajadores debido a las pérdidas económicas que registra cada empresa, y consideró que el daño es irreversible.
Shwortshik sostuvo que las pérdidas económicas son “gigantescas”, debido a que la paralización impide producir y despachar cemento hacia distintos departamentos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de laboratorios especializados en Bolivia capaces de realizar análisis multi residuos de plaguicidas.
El especialista también consideró estratégico recuperar y rehabilitar la planta estatal de Vinto Antimonio, revertida al Estado en 2010 luego de haber sido abandonada por la empresa canadiense Glencore.
El Gobierno se comprometió abrogar el Decreto Supremo 5615 que declaró reserva fiscal minera el área de Chuquihuta de la provincia Rafael Bustillo; y de Pocoata de la provincia Chayanta, en Potosí.
Asimismo, los sujetos pasivos podrán regularizar sus deudas mediante facilidades de pago de hasta 36 cuotas mensuales. Para ese efecto, se deberá actualizar el tributo omitido a la fecha de publicación de la norma.
Según el IBCE, entre enero y marzo Bolivia exportó productos por un valor próximo a 12 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Paraguay alcanzaron más de 31 millones, generando un balance comercial negativo.
“Y aquí unos cuantos desatinados están dando al traste con la confianza que debería generar nuestro país para hacer negocios a nivel internacional”, agregó el gerente del IBCE, Gary Rodríguez.
Limarino señaló que compañías como Vitol y Trafigura acumulan antecedentes internacionales vinculados a la comercialización de combustibles contaminantes o de baja calidad en mercados vulnerables.
Según los datos, la planta, que fue objeto de una recepción provisional con observaciones en 2023, presenta una drástica reducción en sus proyecciones de producción para este año.
Explicó que intentaron transportar el ganado a La Paz, pero que han sido objeto de “extorsión” por parte de los bloqueadores que les cobraron hasta Bs 1.000.
Existen proyectos de alcance nacional y otros a nivel regional. Entre las obras propuestas están la construcción de carreteras, de plantas de energía renovable y de desarrollo agrícola, según el viceministerio de Inversión Pública.
“Ahora, nuestro compromiso es construir una nueva ley sobre la tierra que sea fuerte, justa y equilibrada, nacida del consenso y de escuchar a todos los sectores”, afirmó Paz en sus redes sociales.
