La Paz, 22 de mayo del 2025 (ANF).-Fundación Milenio presentó el Plan Bicentenario, una propuesta para afrontar los desafíos estructurales del país en el contexto de los 200 años de independencia. Bolivia enfrenta una crisis económica caracterizada por déficit fiscal, inflación, escasez de combustibles, falta de divisas y deterioro del empleo formal. A ello se suman servicios públicos rezagados, deforestación acelerada y un sistema político fragmentado.
“El Plan parte del reconocimiento de que los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos están interconectados. Por eso plantea una respuesta articulada en cinco frentes: estabilización económica, impulso a las exportaciones, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y gobernabilidad democrática”, afirmó Henry Oporto, director Ejecutivo de Milenio.
La primera etapa se centra en estabilizar la economía mediante la reducción del déficit fiscal, reforma tributaria, retiro gradual del subsidio a los combustibles con compensaciones directas, unificación cambiaria, régimen de tipo de cambio flexible, autonomía del Banco Central y fortalecimiento del sistema financiero. Se prevé respaldo internacional por $us 3.400 millones para recomponer reservas y contener la inflación.
Sobre esa base, el plan propone una transformación productiva orientada a las exportaciones. Bolivia cuenta con recursos demandados por los mercados globales. Se plantea atraer inversión privada con nuevas leyes, reglas claras y acuerdos comerciales. Se espera que las exportaciones alcancen el 33% del PIB en seis años.
En desarrollo humano, la institución plantea que se incluyan reformas en salud (con cobertura universal y financiamiento por resultados), educación (con evaluación de aprendizajes según estándares internacionales), mejora de pensiones mediante mayor rentabilidad de los fondos, protección social focalizada y una estrategia contra la violencia de género.
En el ámbito ambiental, promueve la transición energética, con eliminación del subsidio a los combustibles fósiles, fomento a energías renovables, transporte eléctrico y manejo sostenible de bosques. También contempla bonos de carbono y control del uso de mercurio en minería.
En gobernabilidad, propone recuperar la independencia judicial, profesionalizar la administración pública, modernizar la Policía, fortalecer las autonomías y facilitar reformas legales y constitucionales para mejorar la gestión del Estado y atraer inversión.
“La implementación está prevista en cinco años. En la primera fase se aplican medidas de estabilización y reformas básicas; en la segunda, se proyecta un repunte del crecimiento, con inversión privada estimada en US$ 6.500 millones, más empleo y mayores ingresos”, señaló Oporto.
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