La Paz, 4 de octubre (ANF).- El diputado opositor Amilcar Barral visitó la única tienda del país de la empresa estatal Quipus ubicada en la ciudad de La Paz, donde verificó que no existe ni un solo celular a la venta de los más de 40 mil que presuntamente existen; por esta razón presentó una interpelación a la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes.
“Verificamos que hay un solo funcionario atendiendo, tres computadoras empolvadas que supuestamente están a la venta, pero no hay ni un solo celular de los más de 40.000 celulares ensamblados”, declaró a ANF el legislador.
De acuerdo a un anterior informe de la empresa Quipus, existirían en almacenes 48.000 equipos tecnológicos, entre computadoras, laptops, tablets y celulares que no se habrían vendido, por lo que resulta “preocupante” –dijo- que no estén a la venta.
"Ni un solo celular de los más de 40 mil ensamblados y de los que estaban en promoción a Bs 800", reiteró el legislador, precisó que hasta la gestión de Eugenio Rojas habían sido ensamblados 40.000 celulares. Según una publicación del diario Página Siete, Quipus ensambló 38.000 celulares en los que gastó 39,1 millones de bolivianos, pese a perder una licitación de Entel.
Por esta razón, el legislador envió una petición de interpelación a la titular de Desarrollo Productivo para que responda ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre diferentes aspectos vinculados al funcionamiento de la empresa estatal.
Barral planteó para la interpelación a la autoridad 21 preguntas, un grupo de interrogantes están vinculadas a los costos de implementación de la empresa, los gastos de operaciones, los productos que hasta la fecha ha ensamblado, los beneficios económicos para el país.
Otro conjunto de preguntas se refieren a los productos en almacenes, los que estarían obsoletos y cuántos todavía sirven para la venta, el estado de los 48.000 productos, que en un anterior informe se señaló que existen, qué otros productos no se comercializaron.
Por otra parte, solicita información sobre si se identificaron indicios o casos de corrupción en la empresa, desde su creación a la fecha; pide datos sobre los motivos de la destitución del entonces gerente general, Freddy Murillo.
Varias interrogantes se refieren al gasto mensual de la compañía, sueldos, gastos de funcionamiento; cuánto erogó el Estado a favor de la empresa desde que empezó a funcionar; asimismo pide detalles sobre el personal contratado, la remuneración que perciben.
Barral también solicita a la Ministra que proporcione las planillas del personal, los convenios firmados con entidades privadas, públicas o personas particulares; asimismo pide copias legalizadas de los estados financieros.
Finalmente, consulta si la empresa es sostenible en el tiempo para continuar garantizando su funcionamiento.
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