La Paz, 24 de julio de 2026 (ANF). - Restringir a los municipios y gobernaciones la potestad de declarar sus territorios libres de minería, ampliar la vigencia de los contratos por tiempo indefinido e impulsar una ley del oro son algunas de las propuestas recogidas en la Cumbre Minera, que se desarrolló mediante mesas sectoriales.
"Reafirmar que la minería es competencia privativa del nivel central del Estado, rechazando que municipios o gobernaciones declaren regiones libres de minería o impongan multas y sanciones arbitrarias", señala una de las conclusiones del eje sobre seguridad jurídica.
Tras dos días de debate, y sin la participación de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), las comunidades afectadas por la actividad minera y con restricciones al trabajo de los medios de comunicación, el evento concluyó con la presentación de sus conclusiones.
En las mesas de trabajo participaron la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN), la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) y los empresarios mineros medianos.
El encuentro se dividió en seis mesas de trabajo para abordar los ejes de seguridad jurídica minera; contratos mineros; institucionalidad y organización del sector; medio ambiente y minería responsable; comercialización, trazabilidad y minería ilegal; y desarrollo productivo, inversiones e incentivos.
Seguridad jurídica
Entre las principales conclusiones figura la abrogación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, al considerar que vulneran el debido proceso. También se propuso elaborar una nueva normativa acorde con la realidad del país y crear una judicatura minera especializada.
Asimismo, se planteó que los contratos administrativos mineros ya no requieran la aprobación de la Asamblea Legislativa y que la consulta previa se desarrolle conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Plenaria donde se presentaron las conclusiones de la Cumbre. Foto: Ministerio de Mineria.
Contratos mineros
Una de las principales propuestas es ampliar la vigencia de los contratos administrativos mineros por tiempo indefinido. Actualmente, estos tienen una duración de 30 años. También se planteó que la licencia ambiental deje de ser un requisito previo para la adecuación de los contratos.
Además, se propuso que el trámite para la emisión de un contrato administrativo minero no exceda un año. En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe los contratos cada tres meses, se plantea emitir una autorización transitoria para el inicio de operaciones.
Otra propuesta establece que la falta del plan de trabajo de las cooperativas no sea causal para paralizar los contratos mineros.
Institucionalidad
En este eje se propuso reestructurar el Ministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras entidades estatales vinculadas al sector. También se sugirió crear una sola institución que concentre el control de la actividad minera para evitar la duplicidad de funciones.
Desarrollo de las mesas de trabajo con la participación del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón. Foto: Ministerio de Minería.
Medioambiente
Los cooperativistas propusieron eliminar el certificado de uso de suelo como requisito, que la consulta previa no sea considerada una restricción para acceder a un contrato minero y establecer un procedimiento único para su aplicación.
Asimismo, plantearon que las compensaciones a los sectores afectados por la minería se otorguen sobre la base de pruebas verificables y destinar recursos provenientes de regalías mineras y de la cooperación internacional e interinstitucional para financiar acciones de remediación ambiental.
Uno de los aspectos que llamó la atención fue que las conclusiones de esta mesa no incluyeron propuestas para reducir el uso de mercurio en la explotación aurífera ni alternativas para sustituir ese insumo.
Comercialización e inversión
En el eje de comercialización, trazabilidad y minería ilegal se propuso elaborar una ley del oro que regule distintos aspectos relacionados con la explotación y comercialización del mineral. También se planteó realizar ajustes tributarios y en las regalías, aunque no se precisaron los porcentajes o montos.
Respecto a la minería ilegal, se propuso reducir la burocracia en los trámites de autorización, crear mecanismos de protección para los denunciantes y fortalecer la coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Finalmente, en el eje de desarrollo productivo, inversiones e incentivos se planteó generar políticas de financiamiento e incentivos tributarios, implementar tecnología para la zonificación de las áreas mineras y permitir alianzas entre cooperativas mineras y empresas privadas.
/EUA/JA
Articulo sin comentarios
