La Paz, 23 Jul. (ANF).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, responsabilizó este martes al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Central Obrera Boliviana (COB), por el perjuicio que estarían atravesando los trabajadores que no pueden beneficiarse con lo que establece la Ley 065 de Pensiones, ya que la misma se encuentra en estudio por parte de la entidad matriz de los trabajadores.
“Hay muchos beneficios en la Ley de Pensiones en este momento que no pueden desarrollarse en un cien por ciento debido a que no existe un acuerdo con la Central Obrera Boliviana y el Ministerio de Economía en respeto al acuerdo que firmamos en Caracollo no (se) va hacer ninguna modificación ni a la Reglamentación ni a la ley, si no existe un acuerdo con la Central Obrera Boliviana”, afirmó el ministro Arce, al puntualizar que existe “una falta de decisión” en la entidad matriz de los trabajadores.
Destacó que entre los beneficios que se hallan en la aplicación y reglamentación de la Ley 065 están los valores máximos y mínimos en la escala de la pensión solidaria para todos los sectores, así como la Reglamentación de Inversiones, la Elaboración del Manual Único de Calificaciones y el número de papeletas para acceder a la jubilación.
Explicó que mientras no se consensuen las modificaciones a esta norma, la misma no puede ser enviada a la Asamblea Legislativa, pues así lo establece el Convenio firmado en Caracollo, que establece que toda modificación de la Ley de Pensiones sea acordada entre el Gobierno nacional y la Central Obrera. A raíz de esto, dijo, “no se pueden beneficiar más de 13.193 personas hoy en el país”.
“Convocamos, exhortamos a los compañeros de la Central Obrera a que de una vez por todas se pongan de acuerdo y nos envíen la comunicación oficial para poder empezar las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante el Gobierno nacional –en cuanto a los decretos se refiere– y empezar el trabajo del Manual de Calificación que hace falta a muchos trabajadores”, aseveró la autoridad.
Recordó que solicitaron a la COB que se pueda enviar “rápidamente” el proyecto modificatorio a la Ley 065, contemplando los valores máximos y mínimos en la escala de la pensión solidaria para todos los sectores, porque ese hecho beneficiaría a estos 13.193 trabajadores que “representan el 78% de personas que se benefician con esta renta solidaria”.
Sin embargo, aseveró que no es el único punto que pidieron agilizar a la COB, sino que también solicitó que se considere el tema de la Reglamentación de Inversiones que está prevista en la Ley 065 y que debe ser reglamentada a través de un decreto supremo.
En concreto señaló que la propuesta enviada a la COB establece que desde la gestión de Pedro Montes como ejecutivo cobista hasta la actual, liderada por Juan Carlos Trujillo, se les envió el proyecto de Reglamento y que implica una mayor diversificación de las inversiones de los recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones.
“Lo que va a implicar, por supuesto, una mejora en el rendimiento de estos fondos, y por lo tanto el rendimiento no ha sido el que esperaríamos, el mejor, dado el mercado internacional, pero esto es parte explicado por el hecho de que no tenemos a la fecha una reglamentación aprobada que mejore el rendimiento de estos recursos”, dijo Arce, al deplorar que “no se obtiene mayores ingresos para los fondos con el objetivo de mejorar la rentabilidad”.
MANUAL DE CALIFICACIONES: Otra observación del ministro Arce a la COB y por la que aún no hay respuesta se refiere a la Elaboración del Manual Único de Calificación, denominado MANECGI ((Manual de Uso Obligatorio en el país para la calificación del Grado de Invalidez), que contiene la lista de enfermedades profesionales.
“Es el Manual consensuado que otorgue una calificación de invalidez acorde a la realidad de la Seguridad Social Boliviana y, por supuesto, aquí hay otro beneficio que se está dejando que los trabajadores no puedan beneficiarse, dado que hasta ahora no hay el pronunciamiento de la COB”, dijo Arce Catacora.
No obstante, señaló que un proyecto de Reglamento enviado con anterioridad fue rechazado y establecieron que se empiece desde “cero” un nuevo reglamento y que el Gobierno una vez que accedió se preveía que contenga todos los nuevos beneficios de la Ley 065.
En criterio de la autoridad de Estado, con ese reglamento los trabajadores accederán a una calificación de invalidez de acuerdo al contexto laboral en Bolivia, además de la detección de nuevas patologías como ser el de enfermedades mentales y endocrinólogas, así como diagnosticar y calificar ciertos males que han sido dilucidados en las últimas décadas.
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