La Paz, 2 de marzo de 2026 (ANF).- La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) habilitó de manera “excepcional y por única vez” quemas controladas mediante un instructivo interno, pese a que está vigente la pausa ecológica dispuesta por el Tribunal Agroambiental en abril del 2025, denunció la jurista Paola Cortés, que integra la Asociación de Abogados Ambientalistas de Bolivia.
El instructivo IND-DGMBT-004/2026, emitido el 18 de febrero, fue suscrito por el Director General de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, Pablo Rodríguez.
El funcionario instruye a las direcciones departamentales y unidades operativas de Bosques y Tierra “habilitar la ejecución de Quemas Autorizadas en la gestión 2025 no ejecutadas, previa presentación de una carta de solicitud firmada por el titular y/o representante legal acogiéndose al presente instructivo, indicando el cronograma de ejecución de la quema en la presente gestión (2026)”.
La habilitación favorece las autorizaciones de quemas otorgadas hasta el 31 de julio del año pasado, pero que no fueron ejecutadas.
La abogada advirtió, en declaraciones a ANF, que el instructivo es un instrumento interno que no debería generar efectos jurídicos materiales externos, ni “innovar” en el ordenamiento legal por lo que puede ser objeto de una impugnación y una demanda.
“En la práctica lo que está haciendo la ABT, a través del instructivo, es establecer un procedimiento excepcional para ejecutar estas autorizaciones de quemas”, dijo Cortés al expresar su extrañeza por la “desnaturalización” jurídica cuando se plantea que un instrumento institucional interno pase por alto una resolución judicial.
Lectura “sesgada” de la Constitución
El instructivo indica que responde a la necesidad de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y a solicitudes de quemas controladas de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni).
La jurista cuestiona que el instructivo invoque artículos constitucionales vinculados al derecho a la alimentación y al desarrollo rural, pero omita un análisis profundo del derecho a un medioambiente sano, consagrado en la Constitución, así como principios ambientales clave como el precautorio, la no regresión y el de la responsabilidad.
“Hay una lectura selectiva de la Constitución, pero el problema de todo esto es que hay una ponderación incompleta o sesgada”, agregó y consideró que “hay una priorización” de lo productivo extractivo sobre los derechos ambientales.
En abril del 2025, el Tribunal Agroambiental dispuso la pausa ecológica para frenar los incendios y proteger el hábitat del jaguar. Aunque la ABT asegura que las autorizaciones no pondrán en riesgo a la especie, Cortés considera que también debe mencionarse la necesidad de proteger suelos, aire, agua y biodiversidad, de forma integral.
“Está muy bien que se destaque la protección al jaguar, pero se están olvidando de absolutamente todos los demás factores”, afirmó.
Responsabilidad para los funcionarios
Asimismo, la abogada consideró que el instructivo “normaliza el riesgo” porque también reconoce que condiciones de sequedad o vientos en determinadas regiones pueden causar incendios forestales, pero la ABT no establece un “sistema técnico de control robusto” previo de las quemas agrícolas.
En caso de que una quema derive en un incendio forestal, los funcionarios que autoricen la quemas podrían enfrentar responsabilidades en procesos administrativos, civiles y penales por daño ambiental y por la omisión del deber de cuidado que tiene la ABT, afirmó la jurista.
En un país marcado por incendios forestales recurrentes y cuestionadas normas contra el medioambiente, “la pausa ecológica es una protección que no debe tocarse”, manifestó.
El instructivo mantiene la prohibición de quemas en tierras fiscales no disponibles, áreas protegidas y sitios Ramsar, aunque por el descontrol, los incendios forestales han alcanzado esas tierras en años anteriores.
En 2024, se produjeron los peores incendios forestales en Bolivia causando 12,6 millones de hectáreas quemadas, igual a un 12 % del territorio nacional, según la Fundación Tierra.
JA
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