La Paz, 28 de agosto de 2025 (ANF).- Un informe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, al que tuvo acceso ANF, revela la crítica situación de 1.237 personas privadas de libertad que llevan más de cinco años en detención preventiva en Bolivia, sin haber recibido una sentencia condenatoria firme.
Los datos correspondientes a la gestión 2024 destacan que el departamento de Santa Cruz alberga la población más numerosa de preventivos en esta condición, con un total de 495 internos, lo que representa más del 40% del total nacional. Esta cifra evidencia la severa carga del sistema judicial y penitenciario en esta región.
En segundo lugar se encuentra el departamento de La Paz con 261 personas en preventiva extendida por más de un quinquenio. Le sigue Cochabamba con 361 casos, consolidando a estos tres departamentos como los que concentran la abrumadora mayoría de estos casos a nivel nacional.
Un análisis por recintos penitenciarios muestra que el Centro de Palmasola, en Santa Cruz, es la cárcel con la mayor población en esta situación, albergando a 310 hombres preventivos. Le sigue el penal de El Abra en Cochabamba, con 224 casos, y el de San Pedro en La Paz, con 187.
El informe clasifica los datos por género, dejando al descubierto una abrumadora disparidad: de los 1.237 preventivos, 1.207 son hombres y solo 30 son mujeres. Esta distribución indica que la población masculina, al ser también la mayoritaria, es la más afectada por las prolongadas detenciones sin sentencia.
Más allá de los tres principales departamentos, otras regiones presentan números significativos. Tarija registra 27 casos, Beni 42, mientras que Chuquisaca y Oruro reportan 22 y 21 preventivos, respectivamente.
En el extremo opuesto, el departamento de Potosí aparece con un registro de 8 personas en preventiva por más de cinco años, según el reporte oficial. Pando no figura en el listado de datos proporcionado.
La prolongada detención preventiva contraviene principios fundamentales del sistema judicial, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable, consagrados tanto en la Constitución Política del Estado como en tratados internacionales de derechos humanos.
Esta data oficial plantea un urgente desafío para el sistema de administración de justicia boliviano, obligando a una revisión de los mecanismos procesales para garantizar el derecho a la defensa y evitar que las personas permanezcan años en prisión sin condena.
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