La Paz, 7 de julio de 2025 (ANF).- En Bolivia, miles de niñas y adolescentes son empujadas a matrimonios y uniones forzadas cada año, una realidad que vulnera sus derechos fundamentales y las expone a riesgos físicos, emocionales y sociales. Así lo advierte un informe elaborado por Ipas Bolivia, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
Según datos citados por Ipas Bolivia a partir del Servicio de Registro Cívico (SERECI), entre 2014 y mayo de 2023 se registraron 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años. De este total, el 38% correspondió a adolescentes de 16 años y el 62% a jóvenes de 17.
Estas uniones, muchas veces impulsadas por presiones familiares, pobreza o violencia, contradicen las recomendaciones de organismos internacionales como la CEDAW y el Comité sobre los Derechos del Niño, que establecen que cualquier matrimonio con una persona menor de 18 años debe considerarse matrimonio infantil y, por tanto, una forma de violencia.
La adolescencia, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la etapa entre los 10 y 19 años, es un periodo crítico de desarrollo. Sin embargo, muchas adolescentes bolivianas enfrentan embarazos no deseados como consecuencia de estas uniones, con graves implicancias para su salud física y mental, advierte Ipas Bolivia.
Datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), recopilados por la organización, revelan que entre 2020 y 2023 se registraron 8.855 embarazos en niñas menores de 15 años, además de 139.021 en adolescentes de entre 15 y 19 años. Esto equivale a un promedio de 102 embarazos por día.
Las consecuencias de un embarazo infantil o adolescente pueden ser devastadoras. Las niñas enfrentan mayor riesgo de padecer anemia, preeclampsia, parto prematuro, hemorragias y complicaciones obstétricas que pueden incluso derivar en la muerte. Ipas Bolivia señala que las menores de 16 años tienen cuatro veces más riesgo de morir por causas maternas que las mujeres mayores de 20 años.
La salud del recién nacido también se ve comprometida. Los bebés de madres adolescentes tienden a nacer con bajo peso, presentan mayores tasas de prematuridad, malformaciones congénitas y retrasos en el desarrollo. Estas complicaciones no solo afectan a las madres y sus hijos, sino que generan un alto costo social.
La incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ITS) en este grupo etario también es alarmante. Entre niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, se reportaron más de 18.000 casos de ITS entre 2021 y 2023, incluyendo VIH, sífilis, gonorrea, verrugas y úlceras genitales.
Estas cifras, según el documento de Ipas Bolivia, reflejan una violencia estructural, cultural y silenciosa que somete a niñas y adolescentes a relaciones desiguales, sin consentimiento real, en contextos donde su voz y su voluntad no son escuchadas. Se trata de una forma de violencia basada en género que debe ser visibilizada y erradicada.
A nivel departamental, los casos de matrimonios infantiles y uniones forzadas se concentran en áreas rurales y zonas con altos niveles de pobreza, donde el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación y justicia es limitado. La falta de información y el estigma social también impiden que muchas víctimas denuncien o reciban apoyo oportuno.
Para revertir esta situación, Ipas Bolivia propone medidas urgentes como la aprobación de leyes que prohíban explícitamente los matrimonios infantiles y uniones forzadas, apoyo económico a las familias vulnerables, acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, y educación integral en sexualidad para niñas y adolescentes.
Prevenir la peor consecuencia, como el feminicidio, implica actuar con decisión frente a las uniones forzadas, concluye el informe. Forzar a una niña a una relación no deseada y privarla de su autonomía es una forma extrema de violencia. Reconocerlo y enfrentarlo con firmeza es el primer paso para protegerlas.
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