La Paz, 28 de noviembre de 2023 (ANF).- Pasaron más de 10 años del informe defensorial “Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad 2012” que recomienda a las autoridades promover la formación técnica y profesional de las mujeres privadas de libertad. Las internas siguen relegadas principalmente a la formación en labores básicas y domésticas. Actualmente un grupo de privadas de libertad inició gestiones para que las mujeres en los centros carcelarios puedan acceder a la educación superior.
Griselda Sillerico, exdelegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo en la gestión de Rolando Villena, señaló que esta situación se debe a que en el tema penitenciario hay una “ausencia absoluta” del enfoque de género.
“Si uno ve en la cárcel de Miraflores hay un centro de servicios, de lavado, etc., y cuando me refiero a la igualdad de género es eso, realmente no legitimar solo el rol tradicional, la educación superior es una demanda real que las universidades tenemos que ver en coordinación con los centros de privados de libertad”, dijo la activista a ANF.
El informe de 2012 señala, entre sus recomendaciones a las autoridades en general y en particular a Régimen Penitenciario, promover programas con el fin de mejorar el nivel de formación técnica y profesional de las mujeres privadas de libertad, con especial atención a adolescentes, extranjeras e indígena originaria campesina, a partir de la firma de convenios u otros.
Impulsar la creación de Juntas Educativas de Mujeres o en caso extremo, garantizar la participación paritaria de mujeres en las Juntas (o Consejos) de Educación para que se asegure el acceso de la población femenina, a los beneficios de Educación, impulsando la conformación de Consejos Educativos; crear y mejorar las bibliotecas en los recintos penitenciarios, garantizando a las mujeres el acceso libre de acoso y violencia; y, crear mecanismos alternativos para garantizar la participación de la población femenina en situación preventiva, con derecho a voz y voto, en las Juntas de Educación.
El informe Mapa Sociojurídico “Mujeres privadas de libertad en Bolivia 2022” de la Fundación Construir da cuenta del olvido de las demandas de las privadas de libertad. A 10 años de la recomendación defensorial, ninguna privada de libertad accede a la educación superior, de acuerdo a datos de la Dirección de Régimen Penitenciario.
“Se puede evidenciar que una de las principales demandas es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos, aspecto que tiene que ser atendido de manera pronta, tomando en cuenta que en algunas cárceles de varones se puede encontrar este tipo de formación”, se lee en parte de la publicación de Construir.
El estudio, que se basó en la entrevista a 240 mujeres privadas de libertad, evidencia que las terapias ocupacionales al interior de los recintos se concentran en oficios que les generan recursos que es su principal preocupación, sin embargo, tales tareas “perpetúan estereotipos de género y dejan de lado otras ocupaciones que tienen los hombres en prisiones por ejemplo carpintería, electricidad, albañilería”.
Construir remarca que “el mayor interés de las internas es poder acceder a una carrera universitaria, lo cual debe ser considerado por la administración penitenciaria con el fin de generar mayores posibilidades de reinserción laboral y económica de las mujeres”.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Yolanda Herrera confirmó que en las cárceles del país existe un trato diferenciado a las mujeres privadas de libertad, pero no positivamente, sino “diferenciado en pocos mecanismos, en pocas políticas que viabilicen la posibilidad de que las mujeres que están en situación de cárcel puedan desarrollarse”.
Herrera reconoció a las mujeres reclusas como uno de los sectores más vulnerables debido a que la administración de los centros penitenciarios, desde el director o directora de los penales hasta el director nacional de Régimen Penitenciario “no abordan los derechos humanos con enfoque de género, y, por lo tanto, todas las medidas y todas las directrices que tienen van más en consonancia para favorecer a los varones que a las mujeres”.
Sillerico recuerda que en cárceles como San Pedro de La Paz había la carrera de Sociología, y en ese tiempo, en 2012, “ya se demandó precisamente que se abran las carreras de educación superior en los recintos Obrajes y Miraflores”.
“El único derecho que pierde un privado y una privada de libertad es su libertad, no pierde sus otros derechos, imagínese que realmente puedan hacer el ejercicio del derecho a la educación superior, pero ahí también está el rol de las universidades”, reflexionó.
Internas del penal de Miraflores de La Paz, ante la apatía de las autoridades penitenciarias, vienen gestionando espacios y convenios con universidades nacionales para acceder a la formación universitaria de forma virtual, teniendo como antecedente el uso de tecnología en la pandemia del coronavirus para las audiencias.
En ese sentido, el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, indicó que el derecho es progresivo y va hacia adelante, y así como el Covid-19 permitió que todos tengan la posibilidad de estudiar por Internet e incluso los privados de libertad tengan audiencias virtuales, “eso no se puede perder”.
“Los derechos en la cárcel también son progresivos, es decir, algo que ya se ha logrado hay que seguir desarrollándolo, no podemos perderlo, en la misma cárcel las conquistas son progresivas, en eso hay que trabajar”, señaló a ANF.
La Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) alista la firma de un convenio para que los privados de libertad del país puedan acceder de manera virtual a formación en educación superior. La iniciativa vino de un grupo de internas que resumen la demanda de las privadas de libertad de las diferentes cárceles del país de contar con estudios en formación superior.
“Estamos trabajando en este momento la redacción, después vamos a poner el texto en consideración de las personas que nos lo solicitaron, obviamente nosotros queremos apoyar desde la Universidad a todos aquellos privados de libertad a que puedan tener una oportunidad de formarse”, respondió a ANF el rector de la Universidad, Vicente Cuéllar.
Sillerico remarcó que las investigaciones de la Defensoría del Pueblo ya dejaban hace 10 años las recomendaciones y la mayor era en educación, por lo que, dijo, “sería interesante comparar qué pasó, qué recomendaciones se cumplieron, la misma defensoría debía haber hecho seguimiento, pero con el reciente estudio de la Fundación Construir uno se pregunta: ¿no cambió la situación?”.
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