La Paz, 29 de octubre de 2025 (ANF).- La abogada e investigadora en temas carcelarios, Luisa Chipana, advirtió que los derechos sexuales y reproductivos dentro de las cárceles bolivianas siguen siendo un tema pendiente en la agenda pública, pese a su estrecha relación con la dignidad y la salud de las personas privadas de libertad. Según la especialista, la atención en estos espacios debe ser integral, incorporando no solo servicios médicos, sino también educación sexual y reproductiva.
Chipana explicó que las cárceles del país reflejan una realidad compleja, donde las dinámicas de convivencia incluyen visitas familiares, de amistades y, en muchos casos, visitas conyugales. En este contexto, la abogada remarcó la necesidad de políticas claras que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, tanto para hombres como para mujeres, con el fin de prevenir embarazos no deseados y proteger la salud de las internas.
“Si una mujer privada de libertad ya enfrenta una situación de vulnerabilidad, esa condición se agrava profundamente cuando está embarazada”, advirtió Chipana en contacto con ANF.
A ello se suman las dificultades de acceso a controles médicos regulares, la falta de medicamentos y los entornos de encierro que, en muchos casos, no son adecuados para un embarazo seguro.
La especialista también llamó la atención sobre las condiciones en que viven los hijos e hijas de las internas. La legislación boliviana permite que los niños permanezcan con sus madres hasta los seis años, pero Chipana se preguntó “en qué condiciones crecen esos menores, qué acceso tienen a una alimentación adecuada o a espacios de desarrollo y juego dentro de una cárcel”.
Para la investigadora, pensar en los derechos sexuales y reproductivos en las prisiones implica mirar más allá del hecho de estar privado de libertad. “Las personas detenidas no dejan de tener cuerpo, salud ni necesidades afectivas”, enfatizó. Por ello, sostuvo que es fundamental que las políticas penitenciarias incorporen una perspectiva de género y derechos humanos que reconozca esas realidades.
Chipana propuso que el Estado implemente programas de educación integral en sexualidad dentro de los recintos penitenciarios, con el fin de promover la prevención y el autocuidado. Estos espacios, aseguró, deben incluir talleres sobre salud sexual, planificación familiar y derechos reproductivos, adaptados a la realidad carcelaria.
“La educación y la prevención son el camino para garantizar una vida digna incluso tras las rejas”, concluyó Chipana, recordando que la verdadera reinserción social también pasa por reconocer y proteger los derechos más básicos de quienes, aunque privados de libertad, siguen siendo personas con derechos humanos inalienables.
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