La Paz, 12 de noviembre de 2025 (ANF).- Javier, de 25 años, mira de reojo a los lados como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Cuenta que desde que llegó al penal de San Pedro, en La Paz, nada ha sido fácil. Cada jornada es para él una batalla por mantenerse en pie en ese laberinto de violencia y poder. Su familia, que venía del oriente del país, dejó de visitarlo. No por falta de afecto, sino por la distancia y el costo.

A los 19 años fue apresado luego de apuñalar a su tío una noche en que el alcohol lo volvió irreconocible. Dice que fue un arranque de furia que hoy recuerda con vergüenza y arrepentimiento. Lo enviaron por tentativa de asesinato a Qalauma, en Viacha, el centro de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley, donde —contra toda lógica del sistema— comenzó a cambiar. Allí aprendió a cultivar plantas, a hornear pan y a manejar herramientas metálicas. Jugó al futsal. Recibió terapia psicológica y aprendió a respirar antes de golpear, y por primera vez alguien le dijo que no era un caso perdido.

Pero al cumplir 23 años, fue trasladado a la cárcel de San Pedro, y con ello se desmoronó todo lo que había logrado construir. El día que cruzó el portón del penal, comprendió que ya no estaba en un lugar de resocialización, sino en una de adictos, de miedo, de dolor.

Para ingresar a una sección “segura” le pidieron 8 mil bolivianos. Apenas se mantuvo seis meses antes de ser expulsado por falta de pago. Fue enviado a una zona hostil donde las condiciones son infrahumanas: Sin Sección. Allí duermen al menos 520 internos en un espacio común, amontonados, rozándose, entre olores inmundos, sobre colchones viejos, entre indigentes, adictos y enfermos mentales, donde las peleas son frecuentes.

Los días en San Pedro son un peligro constante. Javier lo sabe bien: ha sido apuñalado dos veces y, desde entonces, paga por su seguridad. Las amenazas y extorsiones provienen de los internos más antiguos, los mismos que controlan el orden y venden la tranquilidad.

Mientras que en Qalauma había terapias; en San Pedro hay droga. Mientras que en Qalauma lo impulsaban a estudiar; en San Pedro lo empujan a sobrevivir. Javier aprendió a fumar marihuana en San Pedro —no por gusto, sino por trampa—, luego de que le ofrecieran un cigarro “de cortesía” que terminaría costándole deudas y amenazas. Desde entonces fuma tres veces por semana para soportar la rutina del encierro, el hambre, la violencia y la ausencia de futuro. 

—Aquí no hay oportunidades, solo droga y miedo —dice.

Su historia, que empezó con la promesa de reinserción, se convirtió en el retrato de un sistema penitenciario que rehabilita jóvenes para después volverlos adictos. Javier pide una oportunidad para rehacer su vida, para planificar, quiere que lo cambien a un penal menos conflictivo.

El Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, elaborado por la Defensoría del Pueblo, revela que la situación de estos jóvenes no es solo un problema penitenciario, sino un desafío estructural que atraviesa los principios de los derechos humanos, la justicia penal juvenil y las políticas públicas de rehabilitación.

El estudio, recabado en distintos recintos carcelarios del país, da cuenta de una exclusión múltiple y persistente: falta de seguridad, alimentación deficiente, enfermedades sin atención, consumo problemático de drogas, carencias educativas y ausencia de programas laborales que les permitan imaginar un futuro distinto.

El 75,6% de los jóvenes en las cárceles se encuentra en detención preventiva y solo un 24,3% tiene sentencia. Este porcentaje es significativamente mayor que el promedio general de personas en detención preventiva que es del 58,7%. Un 34% de los jóvenes permanece en detención preventiva prolongada, por más de 24 meses, lo que constituye una contravención a la normativa boliviana. 

Sin protocolo de seguimiento para jóvenes en las cárceles

—No existe un sistema formal de seguimiento que garantice la continuidad del proceso de rehabilitación de los jóvenes provenientes de Qalauma —advierte Ricardo Giavarini, director de la Fundación Munasim Kullakita (FMK), una institución que impulsa programas de atención postpenitenciaria para facilitar la reinserción social.

Giavarini explica que en Qalauma se promueve un acompañamiento humano y relacional que refuerza el autocontrol y ofrece actividades para que los jóvenes aprendan un oficio, concluyan sus estudios y asuman responsabilidades. En cambio, las cárceles tradicionales carecen de esos programas o los aplican de forma muy limitada.

Javier recuerda que en Qalauma al menos podía ganar algo de dinero con los trabajos en los talleres. En San Pedro, en cambio, las oportunidades son casi inexistentes. Solo consigue pequeños encargos o haciendo de “taxi”, conectando a los internos con sus familiares durante las visitas.

—Aquí no hay dónde trabajar. Los talleres, como carpintería u hojalatería, tienen pocos cupos y siempre están llenos. Además, hay que pagar para entrar —cuenta.

Mientras que en Qalauma cada curso formativo concluido se premiaba con un certificado gratuito, en San Pedro ese mismo documento cuesta 200 bolivianos. Una cifra inalcanzable para quien no recibe visitas ni apoyo económico externo.

La mayoría de los jóvenes privados de libertad proviene de entornos marcados por la pobreza estructural y la exclusión educativa y laboral. Así lo advierte el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que revela cómo estas desigualdades se profundizan tras el ingreso al sistema penitenciario.

Antes de ser encarcelados, el 60,9% apenas había alcanzado el nivel secundario, mientras que el 15,1% no pasó de la primaria. Casi todos vivían con ingresos por debajo del salario mínimo nacional. Dentro de las cárceles, la situación se agrava: el número de jóvenes sin ingresos se triplica y la mitad sobrevive con menos de 500 bolivianos al mes.

—Algunos intentan ganarse algo limpiando celdas, ayudando en la cocina o en la hojalatería —relata Giavarini—. Pero se aprovechan de ellos, les pagan una miseria, dos o tres bolivianos al día. Esa explotación los frustra, los empuja al consumo de drogas porque no ven otra salida.

Durante sus visitas al penal de San Pedro, Giavarini se ha encontrado con exinternos de Qalauma que ahora lucen el desgaste del consumo: cuerpos delgados, miradas vacías, seres derrotados. “San Pedro está plagada de oportunidades para caer en la droga”, dice con ironía.

Javier los conoce. Cuenta al menos quince rostros familiares del centro juvenil entre los pabellones de San Pedro. La mayoría, adictos endeudados, sobre todo en Sin Sección, donde cada noche se ejecutan los cobros con violencia: golpes, castigos, duchas heladas, amenazas o llamadas a las familias para exigir dinero. Y cuando la deuda parece saldada, los vendedores vuelven a ofrecer crédito, asegurando así que la adicción —y la dependencia— nunca termine.

Debilidades del sistema

Para Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario, la inversión que el Estado y las organizaciones no gubernamentales destinan a la rehabilitación de los jóvenes en Qalauma se diluye cuando estos son trasladados a penales saturados de alcohol y drogas, como San Pedro. Allí —dice— el joven que había encontrado un rumbo en su vida “debe volver a defender su existencia”.

Llanos sostiene que esta situación se produce porque las autoridades “carecen de una visión y de un sentido de continuidad en el proceso de rehabilitación”. Recuerda que el enfoque de Juventud Plena, basado en la Convención de las Naciones Unidas, considera jóvenes a las personas hasta los 28 años, lo que permitiría su permanencia en Qalauma hasta esa edad —anteriormente era hasta los 21—. Sin embargo, “los jueces no comprenden o no respetan esta resolución administrativa”.

En la práctica, explica, el juez se ve limitado por la ley: al no contar con un respaldo legal que autorice mantener al joven en Qalauma después de los 21 años, ordena su traslado a una cárcel de adultos, interrumpiendo el proceso de rehabilitación.

Otro elemento que debilita el modelo, según Llanos, es la administración policial del centro. A su juicio, Qalauma perdió su esencia de espacio educativo desde el momento en que la Policía asumió el control. “Su presencia ha provocado la entrada de droga, alcohol y prácticas de tortura”, denuncia. Javier reconoce que en Qalauma también se consume droga. Hay quienes facilitan esta situación, sin embargo, dice, el control es mucho más estricto y los castigos muy duros. 

A esta situación se suma, dice Llanos, una deuda estructural: el incumplimiento de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, promulgada en julio de 2012, que obliga a las gobernaciones y municipios a construir Centros de Readaptación Productiva. Estos espacios, similares a talleres penitenciarios, deberían acoger a los jóvenes que han cumplido su sentencia, permitiéndoles trabajar y reintegrarse gradualmente a la sociedad, evitando así su retorno a las cárceles comunes.

—Estos centros nunca se construyeron, a pesar de estar en la ley —remarca Llanos.

Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario, reconoce que las gobernaciones y los gobiernos municipales no han cumplido con las responsabilidades que les asigna la ley, y lamenta que se pretenda atribuir toda la carga al gobierno central.

Aclara además que no existe una política que disponga el traslado automático de los jóvenes que superan los 28 años a penales de adultos. “La idea —explica— es que salgan en libertad desde Qalauma, especialmente si están próximos a cumplir su condena, para no interrumpir su proceso de rehabilitación”.

En los casos de jóvenes con sentencias prolongadas, como por delitos de asesinato, Limpias señala que el objetivo es prepararlos durante tres o cuatro años antes de su traslado, con el fin de que no sean vulnerables en los recintos penitenciarios de adultos. Cuando llega ese momento, dice, se intenta ubicarlos en las secciones menos violentas, como “Pinos” o “Posta”. Sin embargo, acceder a esos espacios tiene un costo muy elevado. Son las secciones más caras de San Pedro.

Lo concreto, señala Javier, es que ninguna autoridad o institución se hace cargo de saber cómo les va a estos jóvenes. A él, en los dos años que lleva en San Pedro, nadie lo visitó para saber qué problemas afronta.

Limpias precisa que la única circunstancia que justifica el traslado de un joven menor de 28 años desde Qalauma a un penal de adultos —como San Pedro o Chonchocoro— es “haber puesto en riesgo la vida de otros internos”, decisión que corresponde al director del centro.

No obstante, no todos los jóvenes entre 18 y 28 años pasan por un centro de rehabilitación especializado antes de ingresar a una prisión. Muchos son enviados directamente a cárceles de adultos, donde quedan expuestos a mayores riesgos, abusos y al abandono institucional, advierte Miguel Sotelo, miembro de la Pastoral Penitenciaria de Tarija.

Desde su experiencia en el penal de Morros Blancos, Sotelo describe un sistema carcelario marcado por la precariedad y la falta de alternativas. “En Tarija no existe un centro para jóvenes equivalente a Qalauma”, lamenta.

—Por desgracia, la única opción para la mayoría, cerca del 75%, es consumir droga. La droga está ‘mandando’ en las cárceles, controlada por mafias del narcotráfico —afirma.

Sotelo compara las prisiones con “una gran favela” y “una escuela de crimen y de extorsión”, donde el encierro se convierte en un aprendizaje del delito. “Si afuera sabían poco, adentro aprenden mucho más”, dice. Asegura que el Estado no ofrece ninguna alternativa real a estos jóvenes, confinados en lo que denomina “un basurero humano”, donde “cada quien debe defenderse como pueda”.

Considera que la rehabilitación solo es posible cuando el interno tiene una “fuerza de voluntad seria”, aunque reconoce que son pocos los que logran resistir las “demasiadas fuerzas negativas” del entorno carcelario.

Ramiro Llanos coincide en ese diagnóstico y advierte que recuperarse del consumo “no es fácil” y, en muchos casos, “es prácticamente imposible”. Cita estadísticas internacionales según las cuales menos del 10% logra rehabilitarse; la mayoría muere por sobredosis o por complicaciones derivadas del consumo.

Varios internos de Sin Sección llegaron a ese extremo: la adicción los consumió hasta la muerte. Fueron hallados doblados en las gradas, esqueléticos por días de hambre, como sucedió con “Chino”, “Decker” y “Lucho”.

—Aquí cada mes muere un interno. Dejan de comer, pero siguen fumando; el ‘perico’ es muy adictivo —relata Víctor, otro interno de Sin Sección.

Limpias señala que, para atender a los internos drogodependientes, contrató psicólogos especializados. Sin embargo, le advirtieron que la rehabilitación en San Pedro era prácticamente imposible, ya que tras unos días de abstinencia el interno “se encuentra con el amigo y recae”. Por ello, explica, la política vigente apunta a trasladarlos a un centro de rehabilitación especializado, un proyecto que lleva varios años estancado.

Aunque no se cuenta con un estudio reciente, Limpias considera que la tasa de consumo de drogas ha disminuido gracias a las acciones educativas y laborales implementadas. Recuerda que el último análisis, realizado en 2014, indicaba que alrededor del 70% de los privados de libertad consumía cigarrillos, alcohol o drogas.

Las enfermedades proliferan por el hacinamiento y preocupa a Javier. Aunque intenta cuidarse, no logra evitar las infecciones respiratorias. Y cuando las enfermedades se complican, es escaza la empatía de las autoridades. “Te dejan morir si tienes una enfermedad grave”, dice con crudeza.

La alimentación es otro desafío. La única fuente de comida es la que se sirve en el penal, generalmente excesiva en grasa y carbohidratos, lo que provoca dolor de estómago y malestar constante. Esta dieta afecta a la mayoría. Pocos cocinan en sus celdas. El desayuno es insuficiente: generalmente mate con pan. La cena simplemente no existe.

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana sobre la grave crisis que atraviesan las cárceles en Bolivia, advirtiendo que el 90,6% de las muertes bajo custodia estatal se relaciona con el hacinamiento y la limitada atención médica disponible. El resto corresponde a muertes violentas o suicidios. Según el informe, nueve de cada diez fallecimientos en los recintos penitenciarios podrían haberse prevenido o tratado adecuadamente.

Presos sin oportunidades

Mientras avanza por las estrechas callejuelas internas de San Pedro, Javier repite un pedido que nadie parece escuchar: una oportunidad. Sobre su sentencia de veinte años por tentativa de asesinato, dice que es injusta, pero ya no espera apelaciones ni milagros. En la cárcel planifica su supervivencia. Pidió su traslado a la cárcel de Patacamaya con la esperanza de respirar otro aire, quizá encontrar trabajo o estudiar algo, pero su solicitud lleva meses sin respuesta.

La abogada e investigadora Luisa Chipana observa que la realidad penitenciaria boliviana se sostiene sobre parches y olvidos. “Cualquier fortalecimiento del sistema debe tener un enfoque de derechos humanos, de género y de edad”, afirma. Para ella, la reforma debe empezar por separar a los jóvenes de los adultos, especialmente de aquellos con condenas por crímenes graves o vínculos con organizaciones criminales. De lo contrario, dice, los adolescentes corren el riesgo de salir peor de lo que entraron: reclutados, resentidos o preparados para delinquir con más destreza.

Otro punto crítico es el consumo de drogas y el enfoque punitivo que lo rodea. “Las cárceles están llenas de microtraficantes y ‘mulas’ (persona que transporta drogas), los eslabones más débiles del narcotráfico”, señala. La abogada plantea que el Estado debería priorizar la prevención y el tratamiento, no el castigo indiscriminado.

El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo coincide con estas preocupaciones y propone una reforma integral que atraviese tres ejes: educación y capacitación, justicia y régimen penitenciario, y salud.

En educación, se pide al Ministerio de Educación mejorar la enseñanza dentro de los penales y al Ministerio de Trabajo desarrollar programas técnicos ajustados a la demanda del mercado.

En justicia, se exige al Tribunal Supremo de Justicia reducir la detención preventiva, que afecta a más del 75% de los jóvenes privados de libertad, y al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) garantizar una defensa legal efectiva. 

En salud, el Ministerio de Salud debería diseñar programas especializados para atender la drogodependencia, la discapacidad y las enfermedades crónicas, el talón de Aquiles del sistema penitenciario.

El informe recomienda reorganizar las responsabilidades entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios, especialmente en la provisión de alimentos y prediarios, y cumplir de una vez con la separación de preventivos y sentenciados, una deuda histórica del Estado.

También hay sugerencias de medidas alternativas al encarcelamiento, como la aplicación de la Ley de Tobilleras, que permitiría a los jueces dictar detención domiciliaria bajo control electrónico. Esa norma “duerme el sueño de los justos” en la Asamblea Legislativa.

La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada en el año 2000, tampoco responde al contexto actual. “Veinticuatro años después, necesita una actualización urgente”, apunta Chipana. La norma se ha convertido en un molde rígido para una realidad cambiante.

Si el Estado no actúa pronto, las cárceles seguirán como depósitos de seres humanos. Javier lo sabe. No lo leyó en un informe: lo vive cada día, entre el bullicio de los internos, el encierro y la resignación. 

—Solo quiero una oportunidad —repite.

Por Luis Fernando Cantoral