La Paz, 13 de marzo de 2026 (ANF).- A diez días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el análisis de los programas de gobierno de las organizaciones políticas que compiten por la Gobernación de La Paz muestra que el sistema penitenciario ocupa un lugar marginal en las propuestas. Solo tres organizaciones —SÚMATE, el Partido Político Libre y el Movimiento Tercer Sistema (MTS)— incluyen referencias directas al tema carcelario, mientras que la mayoría de las alianzas y partidos omite medidas concretas sobre infraestructura penitenciaria o la situación de las personas privadas de libertad.
Las propuestas identificadas se concentran principalmente en tres ámbitos: infraestructura y gestión penitenciaria, creación de centros especializados y enfoques alternativos de justicia.
En materia de infraestructura, SÚMATE es la única organización que plantea una intervención directa en el sistema carcelario. Su programa propone la construcción de un complejo penitenciario en la ciudad de El Alto bajo un modelo de gestión privada.
La iniciativa busca dotar a la urbe alteña de infraestructura penitenciaria propia, desconcentrar otros centros de reclusión del departamento y contribuir a reducir el hacinamiento. Según el plan, el nuevo recinto permitiría modernizar el régimen penitenciario y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.
El Partido Político Libre aborda el problema desde la gestión de recursos. En su diagnóstico institucional señala que la Gobernación enfrenta una “falta de liquidez alarmante” para cubrir gastos obligatorios vinculados al sistema penitenciario. Entre estos menciona los prediarios destinados a la alimentación de las personas privadas de libertad, cuyo pago —según el documento— ha sido reclamado públicamente al nivel central del Estado.
El Movimiento Tercer Sistema (MTS), en cambio, plantea una medida focalizada en la población juvenil en conflicto con la ley. Su propuesta contempla la creación y funcionamiento de un Centro de Orientación para Adolescentes con Responsabilidad Penal, orientado a brindar atención especializada a jóvenes involucrados en procesos judiciales.
Otras organizaciones incluyen propuestas vinculadas indirectamente con el sistema penal, aunque sin referirse de manera específica a la infraestructura carcelaria. La Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), por ejemplo, plantea que las pandillas o grupos delincuenciales identificados sean sancionados conforme a la ley y obligados a realizar trabajo comunitario. Además, propone la creación de centros de rehabilitación para personas con drogodependencia y alcoholismo, con un enfoque de educación, productividad y reintegración social.
En el caso de la Alianza Patria-Sol, su programa plantea la implementación de un sistema integral metropolitano de desarrollo humano y protección social que articule redes de seguridad ciudadana a escala metropolitana, aunque sin detallar proyectos de infraestructura penitenciaria.
Otros planes incorporan enfoques más generales relacionados con la justicia o la seguridad. Innovación Humana menciona la justicia restaurativa y la convivencia social como parte de su visión de desarrollo departamental, mientras que Nueva Generación Patriótica (NGP) centra su estrategia en la prevención del delito mediante videovigilancia, recolección de datos y fortalecimiento policial.
Sin embargo, en la mayoría de los casos el tema penitenciario no aparece de forma explícita. Organizaciones como el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), la Alianza Social Patriótica (ASP), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Venceremos y Unión por el Cambio (UPC) enfocan sus programas en áreas como seguridad preventiva, servicios públicos, pobreza o coordinación con la Policía, sin incluir medidas sobre cárceles, administración penitenciaria o condiciones de los reclusos.
El análisis de los programas revela así que, pese a problemas estructurales como el hacinamiento y las limitaciones presupuestarias en los recintos penitenciarios del departamento, el tema ocupa un espacio reducido en las agendas de la mayoría de los candidatos a la Gobernación de La Paz.
La Ley Nº 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” de 2012 establece que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (gobernaciones, municipios, autonomías indígenas).
Esto significa que los gobiernos departamentales participan en políticas de seguridad, aunque la gestión penitenciaria sigue siendo competencia principal del nivel central (Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario).
Actualmente, las gobernaciones son las que asignan los prediarios a los distintos centros penitenciarios de su región.
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