Un gobierno ciego, sordo pero locuaz en descalificaciones es la figura se que proyecta ante la movilización de diversos sectores, que piden la abrogación del Código de Sistema Penal (CSP) promulgado mediante la Ley 1005.
Pero la salida masiva de gente a las calles, en distintas ciudades de nuestro país, no sólo plantea esa demanda. Hay un descontento en la mayoría de la población por la falta de respeto a la soberanía popular que se expresó el 21F y ante la vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, de noviembre pasado, que permitirá una nueva postulación del actual presidente y otras autoridades.
Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver y, el presidente y su gobierno, no están viendo con claridad la movilización ciudadana por ello sólo salen para descalificar, atacar, minimizar y mantenerse en su terca postura. El discurso del presidente sobre el período de un año para la socialización del CSP, con la posibilidad de recoger sugerencias de modificación al mismo, no ha desactivado el conflicto; es más, lo que inició como un conflcito por un artículo que afectaría a un sector (salud) ha suscitado reacciones de otros sectores con demandas más amplias.
La ceguera política del gobierno que sale al paso mediante sus ministros, legisladores y el propio presidente no ve la profundidad del conflicto, la desconfianza que ha generado frente a promesas (por el incumplimiento a su propia palabra ante la reelección) y aduce obstinadamente una conspiración, afanes desestabilizadores y la omniprescencia del “imperio”.
A algunos ministros no les vendría mal abrir más los ojos y ver que no son unos cuantos pelagatos, marginales y de lugares recónditos. No estaría demás que prestasen oído a las proclamas, discursos y pronunciamientos, en vez de taparse las orejas para evadir la realidad.
No contento con quitar de su campo de visión lo que el pueblo pide o de hacer oídos sordos a sus demanadas, el gobierno sí que tiene una lengua ágil para usar adjetivaciones y provocar más el enojo de la población. El gobierno no reconoce al pueblo movilizado (sabiendo que la categoría “pueblo” siempre será un concepto escurridizo, volátil, abstracto, con límites difusos); no reconoce a su pueblo el derecho fundamental a expresarse, a protestar y a exigir el respeto a la Ley y descalifica a determinadas clases medias, como si no fueran parte del pueblo o no tuviesen carta de ciudadanía, o que por su condición no fuesen dignos de enarbolar luchas y protestas.
Al gobierno conviene recordarle que se debe al pueblo, no es al revés. Por ello, el primero que debería reflexionar es el presidente del Estado (quien repetía hasta el hastío: “gobernar obedeciendo al pueblo”) pues lo que dice y lo que hace es incongruente y falta el respeto a la soberanía popular. No es todo el pueblo, seguro que no, pero no se trata sólo de cantidades sino de la calidad de vida democrática reflejada en el respeto a las leyes y al orden constitucional, sea que lo reclame uno o millones.
Las marchas, paros y bloqueos de los pasados días, que han sido masivas, ¿no le invitan al gobierno a repensar su discurso y acciones? Al pueblo le asiste el derecho a resistir aquello que considera injusto y atenta contra sus derechos fundamentales, porque el pueblo es el soberano, no el gobernante; la época de las monarquías absolutistas ya pasó.
