Editorial ANF
Es probable que para algunas personas la solución de los conflictos pase por eliminar al adversario, silenciarlo o colocarlo entre rejas, de tal manera que se acalle la situación aunque no se resuelva el problema.
Los últimos acontecimientos respecto de Eduardo León, Cristina Choque, Gabriela Zapata y la salida forzada del país de Carlos Valverde y Wilson García muestran un escenario no sólo desfavorable para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la salvaguarda de los derechos humanos sino un cierto afán por “vigilar y castigar” sin que se hayan seguido ni la presunción de inocencia, ni el debido proceso ni la preservación de garantías para quienes son acusados.
Antes de preguntar nada ya se ha decidido el resultado y la suerte de las personas por lo cual sólo queda seguir lo que establezca el libreto. Es posible que haya quien piense que con meter a la cárcel y crear las condiciones para que no se dé información, respecto de las personas en cuestión, se ha logrado establecer la verdad de los hechos y, por tanto, se ha resuelto brillantemente la salida al conflicto que ocasionan.
Una justicia corrupta y lejana a la defensa de los derechos de las personas, la violencia del más fuerte para establecer lo que se debe o no hacer, la injusticia que atropella a quienes reclaman por la actuación en un marco de legalidad son muestra evidente de que no se está actuando bien. No se trata de definir previamente quién es culpable o inocente, como reacción ante los hechos, sino invocar enfáticamente el respeto a la ley y los derechos de las personas.
Está claro que en el país la “justicia” funciona para uno y para otros no. Sobre un mismo hecho uno es condenado y otro libre de toda pena; después de varias declaraciones contradictorias está claro que todos mienten en el caso Zapata, pero sólo a algunos les llega el encierro; quien puede tener responsabilidades penales prefiere meter a todos a la cárcel para que no hablen o finalmente se buscan enemigos y chivos expiatorios que lo explican todo y justifican determinadas actuaciones.
Sólo falta que para eliminar el conflicto de las personas con discapacidad se inventen acusaciones (a lo mejor porque tal vez no votaron por el Sí el 21F) y se los cargue a todos al panóptico ya que estorban la libre circulación de los intereses gubernamentales.
Ante éste panorama surge la pregunta ¿de qué tratará la Cumbre Judicial? A puertas cerradas seguramente se ventilarán mejor los efectos perversos de nuestra justicia.
