El reciente condenable asesinato de cuatro oficiales de la Policía Boliviana en Llallagua por parte de los “pacíficos” bloqueadores comandados a distancia por el exgobernante fugado evidencia que este grupo mantiene en la mira –incluso telescópica– a los miembros de esa institución.
Aseveraciones de diferentes autoridades han dado cuenta de que ese odio, aparte de político, está vinculado con la protección de intereses delictivos, del contrabando y el narcotráfico, específicamente.
Pero, en el primer caso, ¿de dónde surge esa animadversión rayana hoy en lo criminal?
Los antecedentes más cercanos remiten a 2019, cuando la Policía dejó de servir al régimen represivo que en octubre de ese año concretó el fraude electoral que había iniciado tras el referendo constitucional de febrero de 2016 y optó por defender la restitución del ordenamiento legal. Eso resultó imperdonable, no sólo para el “líder de los humildes (cocaleros)”, sino también para muchos del actual esquema gubernamental que se presentan todavía como devotos del imaginario “golpe cívico-militar-policial” con que justifican su retirada del poder en ese momento.
Como bien recuerda el vibrante relato testimonial del antropólogo alteño Víctor Hugo Vega Camacho, publicado en su libro El último bastión: CIUDAD SATÉLITE (2023), los efectivos policiales habían estado tratando de contener la protesta ciudadana tras la alteración de los resultados electorales del 20 de octubre de 2019 y varios, el 5 de noviembre, recibieron el “bono lealtad” de 3.000 bolivianos a costa de sus propios fondos de jubilación. No obstante, tres días después, la Unidad Táctica de Operaciones Especiales de la ciudad de Cochabamba se rebeló y se sumó a las demandas de la población para que las fallidas elecciones fuesen anuladas.
Para el 9 de noviembre, cuando la ciudadanía planteaba ya la renuncia del gobierno fraudulento, otras unidades de la Policía del país también se declararon en desobediencia. El día posterior se dio la deseada dimisión, seguida de la fuga y un vacío de poder planificado, mientras las turbas del “proceso de cambio” desataban la violencia: uno de sus objetivos fueron las unidades policiales, que fueron asaltadas e incendiadas en diferentes ciudades. A propósito, cabe recordar que la sesgada justicia de los oficialistas de entonces y de los actuales no abrió hasta la fecha una investigación sobre esos actos bárbaros ni acerca de sus autores intelectuales.
De acuerdo con el registro de Vega Camacho, al grito de “Ahora sí, guerra civil”, una muchedumbre teledirigida atacó y destruyó en El Alto, el 11 de noviembre, las Estaciones Policiales Integrales (EPI) de la zona Tarapacá y del Distrito 8, luego el Comando Regional de la zona Bolívar “B”, las instalaciones de Tránsito en la avenida Juan Pablo II y las de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Ceja. Los policías se vieron forzados a refugiarse en la EPI n° 3 de Ciudad Satélite, donde fueron defendidos por los vecinos organizados hasta que llegó la pacificación una semana más tarde. Un uniformado falleció en esos sucesos producto de la golpiza que le propinaron los oficialistas movilizados.
El ensañamiento de esos días contra la Policía ha vuelto a ponerse de manifiesto en los sanguinarios hechos que acaban de ser perpetrados en Llallagua por otra multitud enceguecida, donde el patrón de 2019 se repitió corregido y aumentado: los jefes de la “movilización” son los mismos, las tácticas de agresión son semejantes, las primeras víctimas no son de su bando (además de que se duplicaron en número), los protagonistas de la protesta “pacífica” atacaron las instalaciones de la FELCC y, más grave que en aquella oportunidad, dieron muerte a cuatro jóvenes oficiales de la institución policial.
Aparte de lo irónico que resulta que ahora esa furia tenga que ser enfrentada por quienes en 2019 fueron cómplices del fraude, la fuga y la brutalidad, lo que también llama la atención es que la consecuencia de esa insensatez, como lo fue hace casi seis años, es triplemente negativa para los violentos: sus acciones fueron socialmente censuradas y no consiguieron reclutar a otra gente, lograron más bien poner a la población del lado de la Policía y, de paso, promovieron la coordinación y complementación entre policías y militares.
Los “ideólogos de la confrontación”, como bien denomina Vega Camacho a los incendiarios, no parecen haber entendido que, a pesar de todo, desde la recuperación de las garantías constitucionales en 1982, la ciudadanía tiene a la democracia como su primera opción de convivencia social, lo cual supone la exigencia y la salvaguarda de la institucionalidad. Seguramente, por eso, a los que desde 2019 ansían que Bolivia quede convertida en “un gran campo de batalla”, les sería más que provechoso reorientar el foco de su mirilla.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
