Editorial ANF
La reciente noticia de que la franquicia del Dakar 2017, fijada por la Amaury Sport Organisation (ASO), para que dicha competencia pase por nuestro territorio soberano, choca con la vivencia de las semanas pasadas y los días recientes, respecto de la demanda de las personas con discapacidad.
No deja de ser irracional y mucho más insensible la conducta de un gobierno que prefiere auspiciar una competencia absurda, costosa, con impacto ambiental negativo, y que ha sido rechazada ya en otros países (entre ellos Perú y Chile), con beneficios turísticos y comerciales cuestionables, cuando en casa se tiene una demanda social por un bono de 500 bolivianos para las personas con discapacidad.
¿Es cuestión de vida o muerte ser partícipes del Dakar? ¿Hay mayor justicia social en gastar cuatro millones de dólares por dos o tres días de diversión, para algunos, que pensar en una política económica que atienda las reales necesidades de poblaciones en desventaja socioeconómica?
Es cierto que un bono o cualquier política asistencialista no resuelve las cuestiones de fondo y que se deben buscar las formas en las que el Estado (tanto el gobierno central como las gobernaciones y alcaldías) se haga cargo de ofrecer una vida con mayor dignidad para los discapacitados, con la posibilidad de acceder a empleos, seguridad social, educación especializada y atención en salud; teniendo presente, también, que no se puede generalizar ni la condición ni los requerimientos de los y las discapacitados.
El Estado debería esforzarse más en consolidar centros de atención especializada para las diversas discapacidades, mayor inclusión en aulas regulares a personas con discapacidad y acceso a la educación técnica y superior, ventajas socioeconómicas para las familias que cuidan de personas discapacitadas, más aún si éstas tienen disfunciones severas o muy graves.
Sin embargo, parece que los tiros van por otro lado. La lógica del gobierno va por pagar franquicias de cuatro millones de dólares, construir edificios públicos por más de 900 millones de bolivianos o aumentar la administración pública en 10 años pagando cerca de 60 000 millones de bolivianos actualmente, sin contar con los millones de la corrupción en el ex FONDIOC que engrosaron cuentas personales de algunos, el costo de aeropuertos o coliseos casi nada útiles, y el nuevo parque automotor para autoridades de gobierno.
Algunos ministros han calificado la marcha de las personas con discapacidad como política y cuánta razón tienen, porque la vida y la dignidad de la persona es un acto político, más aún cuando es un grito subversivo contra la indolencia, la injusticia, la marginación y el descaro de afirmar que no se pueden dar recursos cuando éstos se despilfarran en opulencia y corrupción.
Al final, parece ser que, unas máquinas rugirán más fuerte que el gemido de miles de pobres, dejando tras una estela de polvo pisoteadas la justicia y dignidad de los marchistas.
