Editorial ANF
La ciudadanía observa perpleja el acoso del Estado contra el abogado Eduardo León, un respetado jurista, caracterizado por haber defendido numerosas causas, muchas de ellas relacionadas a temas incómodos para el Gobierno, como las indagaciones a los hechos irregulares ocurridos al interior del Fondo Indígena. Obviamente León fue también abogado de la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, y en esa cualidad fue primero acusado de supuesto “tráfico de personas”. Ahora se lo acusa de desempeño ilegal de la profesión, de tener una libreta militar de manera irregular y otros supuestos delitos.
Sobre el caso de Zapata, la acusación de la Fiscalía es absurda. Suponiendo que es verdad que León ayudó a exhibir a un niño que no era el hijo de Morales como si fuera tal, entonces en primer lugar no puede ser detenido sino, primero, acusado. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, no al revés. Así que León podría haberse defendido en libertad, algo que en Bolivia, por la mentalidad autoritaria del régimen, es algo cada vez menos común. En segundo lugar, suponiendo que es correcta la versión oficialista sobre el tema del niño, entonces la acusación debería ser de “suplantación de identidad” no “tráfico de personas”. Suplantación de identidad es, obviamente, un delito de menor gravedad que el tráfico de menores.
Luego vinieron nuevas denuncias, por ejemplo, el hecho de que su título de abogado no es legítimo. Ello solo se podría saber después de un proceso, no por simple declaración de la ministra de Justicia que, sin averiguación independiente ninguna, decide quitarle la licencia que le permite el desarrollo de su profesión. Ello, además, es preocupante. Bolivia es uno de los pocos países en el que el Estado puede permitir o impedir a un abogado ejercer su profesión.
Finalmente está el tema de la libreta militar. Tampoco se ha realizado indagación independiente ninguna para establecer si la acusación del Ministerio de Defensa es correcta o no. La acusación es aún más paradójica considerando que existen indicios de que tanto el titular de esa cartera, Reymi Ferreira, y el vicepresidente Álvaro García Linera obtuvieron sus propias libretas militares de manera irregular. Ferreira dijo que consiguió una tras “nueve meses de premilitar en 1981”, cosa que es por lo menos inusual, y García Linera adujo, para no hacer el servicio, que tenía un grave defecto en la visión, que no ha sido comprobado.
A la larga lista de delitos por los que se acusa a León hay que agregarle la violación diaria de sus derechos en las celdas desde hace más de 15 días, donde no debería permanecer más de 24 horas, mientras se define su situación legal. Pese a que una juez determinó su detención domiciliaria, no pudo recuperar su libertad, primero, por ausencia de un custodio que debería ser proveído por el Estado y, segundo, porque se le planteó otro proceso penal por el que quedó aprehendido nuevamente a espera de una audiencia de medidas cautelares. Esto demuestra que las autoridades buscan mantenerlo detenido a cómo dé lugar en una especie de escarmiento para que ningún abogado se atreva a defender a los contrarios al Gobierno. Pareciera que el Gobierno no solo quiere anular al profesional Eduardo León, sino también apropiarse de su dignidad.
La situación de León muestra la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el acoso gubernamental. Los derechos contenidos en la Constitución y las leyes no son más que meras enumeraciones, que no se cumplen en la realidad. Si un Estado no protege los derechos humanos básicos de las personas, entonces escasamente puede llamarse democrático.
