Opinión

28 de junio de 2019 13:54

CORRUPCION Y NARCOTRAFICO CAMPEAN EN EL PAIS


Tras los bullados casos del ex Fondo Indígena, las Barcazas Chinas, los Taladros de YPFB o el desfalco al Banco Unión, de años pasados, los hechos de corrupción, daño económico al Estado, contratos fraudulentos que no siguen los procedimientos legales establecidos para beneficiar a algunos, cobros irregulares, extorsión y consorcios, suman y siguen.

Lo escandaloso e indignante de la situación es que las acciones que se toman contra tales delitos o bien no sancionan efectivamente a todos los responsables o bien se convierten en un mensaje para quien quiere cometer ilícitos de que muy probablemente no pase nada cuando se los descubra, no se sancione a altas autoridades o el recurso de privarlos de libertad en la cárcel por un tiempo sea mostrado como el fin del proceso, sin actuaciones de justicia.

Corrupción en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) para los ingresos de postulantes con cobros irregulares, corrupción en distintas instancias de la Policía, corrupción en el sistema de administración de justicia (jueces, fiscales, abogados implicados en consorcios), hechos de corrupción que son investigados en las Alcaldías de Quillacollo, Achacachi, Warnes, Cochabamba, Sucre y La Paz, corrupción en el Agencia Estatal de Vivienda, corrupción en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), corrupción en Derechos Reales, corrupción en el tratamiento a enfermos con cáncer en el Hospital de Clínicas, y una larga cadena de hechos (algunos en etapa investigativa y otros ya probados) que muestran que el virus de la corrupción está instalado en múltiples instituciones del Estado.

Según el Índice de percepción de la corrupción de 2018, elaborado por Transparencia internacional, Bolivia tiene 29 puntos sobre 100, y ocupa el puesto 132 entre 180 países del ranking, al igual a Paraguay y solo peor está Venezuela con 18 puntos, en la región sudamericana. A mayo de este año, existían al menos 81 procesos penales contra 182 policías por hechos de corrupción. El mismo presidente Morales reconoció que la corrupción y el contrabando son grandes males a los que se enfrenta el gobierno a la vez que reconoció en marzo pasado que no se ha logrado “cero corrupción”, admitiendo un fracaso en esta lucha. Pero la corrupción no sólo alcanza al nivel central de gobierno sino también llega a los niveles departamentales y municipales.

A éste mal se añaden los vínculos con el narcotráfico de altas autoridades policiales y judiciales, que fueron destapados a propósito del caso Medina y Montenegro y que en las últimas semanas han implicado a decenas de personas.

El problema de la producción de droga, su comercialización y rutas de paso en Bolivia no es nuevo, pero se comienza a desentrañar cómo el narcotráfico está infiltrándose en las estructuras del Estado a vista y complacencia de quienes deberían luchar contra éste.

Los Obispos de la Iglesia Católica en Bolivia, en abril de 2016, presentaron una Carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción, señalando claramente lo anterior. Fueron duramente criticados por el actual gobierno, pero parece que tenían la razón.

De nada servirá hacer declaraciones o mostrarse indignado por la corrupción y el narcotráfico, campeantes en el país, si no se erradica el mal de raíz. Tal tarea es absoluta responsabilidad de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y cuando la sociedad se los señala, en vez de enojarse o usar calificativos fuera de lugar, deberían actuar eficientemente para mostrar que no son cómplices de estos males.