Editorial ANF
El caso Zapata empezó a principios de febrero con el descubrimiento de un secreto de grandes proporciones que se resume en cuatro hechos: a. El presidente Evo Morales tuvo una relación sentimental con Gabriela Zapata b. Tuvo un hijo con ella, el cual, según dijo Morales, falleció en 2007; aunque luego abrió la posibilidad de que esté vivo c. Gabriela Zapata era gerente comercial de la empresa china Camc, una contratista del estado boliviano d. La oposición considera que existe tráfico de influencias por esta relación sentimental y el cargo de Zapata.
Desde entonces, muchos hechos y dichos han contribuido no a esclarecer el caso, sino a tenderle diversas cortinas de humo.
Zapata y Cristina Choque, fieles militantes del proceso de cambio, aparecen ahora como enemigas del mismo y hasta se las muestra como parte de una tramoya opositora imperialista.
Todo un caso judicial se levantó en torno a las dos mujeres, a las que se acusa de legitimación de ganancias ilícitas y hasta de uso indebido de ambientes y vehículos.
Por donde se lo mire, este caso en vez de contribuir a esclarecer las denuncias de fondo, se enfoca en desacreditar a la pareja del presidente Morales y a su entorno para limpiar la maltrecha imagen del Mandatario.
Paralelamente se anuncia un mecanismo para regular las redes sociales y se acusa a los medios independientes de ser parte de ese complot imperialista contra el gobierno, tratando de desacreditar a los canales y a los mensajeros de estos incómodos mensajes.
Pero, pese a estos esfuerzos mediáticos y judiciales, el caso sigue liderando la agenda pública nacional.
En ese contexto, la última cortina de humo que se tendió sobre el denominado “zapata gate” es una denuncia de que el presidente Evo Morales recibe amenazas de muerte y que soporta el sobrevuelo de drones en la residencia.
Morales, además, es el centro de una estrategia comunicacional que lo ubica como víctima de racismo. En ese afán, en las últimas horas, se ha procedido a detener a la ex dirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.
Los dichos racistas y las amenazas de muerte son absolutamente condenables, pero hay que tomar nota que aparecen en un momento en el que el Gobierno necesita darle un viraje a la agenda pública.
Todos estos hechos, en vez de darle claridad a las denuncias iniciales, lo que hacen es tender cortinas de humo que impiden a los ciudadanos distinguir la verdad.
Por la salud de la democracia y el bien de la Patria, las instituciones llamadas por ley deben despojarse de posiciones políticas y deben despejar estas humaredas para encontrar la verdad de los hechos. El país se lo merece.
