Se hicieron estudios, financiados por la Unión Europea, para establecer cuál podría ser la superficie necesaria de producción para el consumo de la hoja de coca y que llevó al gobierno a establecer, en 2013, que se necesitaba 14 705 hectáreas (que podrían producir 20 690 Toneladas al año para el consumo tradicional y otros usos); se presentaron informes, de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC por su sigla en inglés), en los que se muestra que más del 90% de la coca producida en el Chapare no pasa por mercados legales; se reclama desde diversos sectores sobre el narcotráfico en el país y la desviación de coca para la elaboración de cocaína y la gran medida del gobierno es aumentar de 12 000 ha. a 22 000 ha, ¿Cuál es la lógica?
No puede resultar más absurdo e indignante el hecho de que ante las evidencias de que la producción de coca es un factor que alimenta el crecimiento del narcotráfico, pues no todo lo que se produce se consume en usos tradicionales, medicinales u otros industriales, la decisión sea ampliar en vez de reducir.
El asunto pasa por contentar a las bases que sostienen el poder del líder de los cocaleros y a la vez presidente del Estado, otro absurdo que por muy cuestionado que sea sigue vigente y campeante. Ante el anuncio del aumento de las áreas de cultivo y como no se sabe qué hacer con el excedente que producirá, el mismo presidente sale al paso para decir que se promoverá su industrialización, nuevamente con una lógica inversa: antes de haber comprobado que hay mayor demanda industrial se establece que es necesario ampliar la producción. Para no quedarse corta la presidenta de la Cámara de Diputados señala que el consumo aumentará a 3 355 252 de personas, como estimación, casi diciendo que dado que se producirá más, seguro habrá más gente que consuma ¿Qué estudio imparcial ha determinado eso?
Las hectáreas que se usen para la producción de coca ya no se usarán en la producción de alimentos, necesarios para el autoabastecimiento en el mercado nacional. Debe ser porque hay excedentes en la producción de papa, tomate, cebolla, trigo, arroz, maíz, manzanas, etc., aunque datos del quinquenio 2010-2014 (INE-IBCE) sostienen que la importación de alimentos subió en 93% (sea por la vía legal o el contrabando -que dicho sea de paso en 2016 representó dos tercios de las necesidades del país, según la Fundación Jubileo- y que entre enero y agosto de 2016 se importó alimentos por un valor de más de 387 millones de dólares, por lo que el discurso de seguridad y soberanía alimentaria no va de la mano de los hechos
Si bien otros factores explican también la necesidad de importación (crecimiento de la población, consumo o falta de incentivo a la producción nacional), no deja de ser llamativo que en vez de promover la producción nacional de alimentos necesarios y posibles de producir en territorio boliviano lo que se haga sea auspiciar la producción de coca, como si ésta sustituyese a los alimentos o no existiesen evidencias de su derivación al narcotráfico.
El gobierno debe creer que la coca nos salvará y su industrialización será remedio a la carencia de otras producciones. A menos que esa coca genere el dinero que genera la cocaína estamos muy lejos de mejorar nuestra economía a base de la hoja “sagrada”.