Según la Ciencia Administrativa, la gestión empresarial requiere técnicamente cumplir con las tres etapas que caracterizan a su proceso, la planificación, la ejecución y el control. En cada una de estas destaca la toma de decisiones, la que responde a un proceso que integra todo el accionar de las organizaciones en las etapas de la gestión y en sus componentes, lo que nos permite derivar sus alcances al área pública específicamente a la gestión gubernamental que hoy nos mantiene en ascuas, con mucha preocupación e incertidumbre.
La toma de decisiones es el núcleo de la planeación y se define como la selección de un curso de acción entre varias alternativas. No puede decirse que exista un plan a menos que se haya tomado una decisión: que se hayan comprometido los recursos, la dirección o la reputación; hasta ese momento sólo existen estudios de planeación y análisis. Algunas veces los gerentes consideran que la toma de decisiones es su principal tarea, pues constantemente deciden qué hacer, quién debe hacerlo y cuándo, dónde, e incluso, cómo se ha de hacer; sin embargo, la toma de decisiones es sólo un paso en el sistema de planeación. (Koontz, Weihrich y Cannice. Administración. Pág. 152)
En esta oportunidad, no tiene sentido insistir con el tema de planificación en el Estado Plurinacional porque sabemos que los gobernantes no entienden de lo que estamos hablando. Esta afirmación la hacemos por todos los acontecimientos vividos en estos casi ocho meses de gobierno. Lo que no podemos obviar es la toma de decisiones y de ello hasta ahora tampoco vimos nada positivo para los ciudadanos de todo el territorio nacional ni para los políticos tradicionales tan cuestionados en nuestro país.
Desde la óptica de la conducción de las organizaciones quien ostenta el mayor poder y a su vez la máxima responsabilidad es el área ejecutiva o gerencial que puede tener diferentes denominaciones, siendo relevantes los roles que le toca desempeñar, destacando su interpretación de la misión o propósito, lo que guiará la definición de objetivos, la formulación de las estrategias y políticas que se complementarán con la descripción de las actividades y la asignación de los recursos necesarios que constituirán el presupuesto. Todo lo mencionado es aplicable a una gestión gubernamental y por ende a la que vivimos en nuestro país.
Podemos entonces afirmar; sin temor a equivocarnos, que utilizando la metáfora “como aguja en un pajar”, los gobernantes tomaron AL FIN DOS DECISIONES, importantes y significativas, la primera el “Estado de Excepción” y la segunda la modificación del tipo de cambio de un modelo fijo a otro flexible o de flotación que se ajustará en función a la oferta y demanda.
El estado de excepción llegó al fin, después de una penosa espera y vergonzoso sometimiento a los caprichos de un puñado de dirigentes sindicales que solo representan a sus propios intereses y que doblegaron a Paz, quien tuvo que levantar la orden judicial que pesaba sobre el dirigente, mostrando su debilidad y su falta de capacidad de decisión, dejando abandonados a paceños y alteños oprimidos por un cerco, falta de gasolina que se vendía con precios de especulación de Bs.30 por litro y a todos los precios con hasta el 100% de incremento. Con muy pocas excepciones los gobernantes brillaron por su ausencia, dos renunciaron y percibimos su inclinación ante los sindicalistas corruptos a quienes repudiamos, porque además de haber logrado más de 12 víctimas, pusieron en riesgo la democracia, lo que se escribirá en la historia de Bolivia y de la humanidad como otra humillación a un gobierno sin capacidad de conducción, subordinado y pagando sus deudas o compromisos contraídos, sin argumentos para levantar la cabeza por su primera y tardía decisión.
La segunda decisión, que modifico el tipo de cambio llegó al fin. Otra vez una decisión altamente demorada, porque debería haber sido una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno para ajustar la falta de dólares, pero prefirieron esperar con las consecuencias de un mayor deterioro de la economía. Consultados los técnicos del BCB afirmaban que tenían todo planificado, pero esperaban la autorización del que conduce la economía nacional, mostrando que la independencia del Banco Central de Bolivia no es real y que nuevamente su Directorio está supeditado a la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Paralelamente, he leído a varios economistas que buscan explicaciones técnicas de la decisión adoptada, quienes argumentan sobre sus implicancias, sobre la comparación de un cambio fijo con otro flexible, sobre el comportamiento del mercado, sobre las implicancias futuras; en definitiva, sobre la política macroeconómica que adopte el gobierno. Todo muy interesante, pero poco real, porque la economía de un país no se construye con explicaciones teóricas, sino con decisiones pragmáticas y el tino para ello no lo tiene el equipo económico que forma parte del gobierno que solo ha mostrado indecisión y ausencia de una visión futura para el país.
En noviembre de 2025 argumentamos la importancia de modificar el tipo de cambio porque seria un incentivo para los poseedores de dólares, para los exportadores, para los inversionistas, para el turismo y en definitiva para todos los sectores relacionados. Nunca nos quisieron leer y si lo hicieron, jamás se atrevieron a apostar por la modificación del tipo de cambio que ya habría mostrado sus primeros resultados y habría ajustado la economía cambiaria. Hoy estamos ocho meses demorados, con un mayor deterioro de todos los sectores sociales, económicos y políticos, porque el gobierno lo único que acumulo fue error tras error, sin nada claro ni beneficioso para el país. La principal consecuencia es que no hay ningún interesado ni nacional ni extranjero que quiera invertir en Bolivia por la falta de una política económica clara, por falta de seguridad, por dudas en la justicia, por falta de confianza. En resumen, porque el gobierno se aplazó una vez más.
Finalmente, los paliativos parciales muestran sus consecuencias en el corto y largo plazo y eso acontecerá si no se regula la aplicación en la nueva política cambiaria y no se precisan los roles y la participación de la banca privada, porque parecería que nuevamente tiene cancha libre para actuar. No debemos olvidar que, en este último año de escases de divisas, este sector fue el más beneficiado porque siguió haciendo sus negocios en y desde el exterior, cobrando altas comisiones y reteniendo los dólares de sus clientes con toda clase de argumentos. Y esto no fue la excepción pues en los últimos 20 años de cambio fijo del boliviano por dólar, en sector de la banca tuvo libertad total para negociar con el tipo de cambio (comprar y vender) ampliando sus beneficios económicos y su rentabilidad. Recordemos también que fue el sector más beneficiado con las tasas de interés que pagaba el Banco Central por depósitos a plazo fijo que hacia el sistema financiero, que inicialmente fue el único autorizado para dichas transacciones, generando un crecimiento de su rentabilidad, que según la visión de AI basada en información del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, “entre 2006 y 2015, las utilidades del sistema financiero boliviano experimentaron un crecimiento sin precedentes. Acompañando el auge económico del país, las ganancias de la banca se quintuplicaron, pasando de aproximadamente Bs 349 millones ($us 44 millones) en 2005 a un máximo histórico de Bs 1.944 millones ($us 272 millones) en 2014.”
En conclusión, estamos peor de cuando empezamos, con un gobierno sometido a las dictaduras sindicales, lleno de improvisación, errores permanentes y ninguna capacidad para gobernar. La solución, la misma que recomendamos desde hacen ocho meses, establecer una estrategia política y adoptar un plan de gobierno. Lo contrario, será un referéndum revocatorio para hacerlo realidad en los próximos dos años.
El autor es administrador de empresas–director IICCA y docente emérito UMSA
