Editorial ANF
Han transcurrido casi dos meses desde que se revelase la relación de pareja que sostuvieron Evo Morales y Gabriela Zapata hace casi 10 años atrás y hasta ahora no conocida por la opinión pública. En la misma revelación se señaló que fruto de esa relación nació un niño. Hasta ahí la historia no tendría mayor relevancia que conocer datos biográficos del actual presidente de Bolivia (las consideraciones morales en torno a esta relación las podemos dejar a un lado de momento).
Sin embargo, el impacto de la información que difundió Carlos Valverde tiene que ver principalmente con el supuesto delito de tráfico de influencias que habrían permitido a Zapata acceder al puesto de gerente comercial de la empresa china CAMC y, por eso mismo, la adjudicación de contratos que totalizan una cifra cercana a los 600 millones de dólares. Ésta es precisamente la denuncia que debería estar haciendo bulla y quintando el sueño a quienes deben investigar el hecho, dado que también estaría vinculada a posible corrupción, uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito que incumbe a los y las bolivianos, pues ese dinero es de nuestro pueblo. Si en definitiva todo eso es mentira, precisamente, una investigación lo determinará, no la simple descalificación.
No obstante, la habilidad política de muchos y muchas quiere desviar el foco de la atención sobre el fondo del problema. Lo más importante no es entrar al juego de la novela fácil en torno a la relación Morales-Zapata y el supuesto hijo que tuvieron, que ha derivado en las declaraciones más absurdas que se puedan escuchar ya que primero murió, luego se lo reconoció, después nunca existió y en medio se le pasaban pensiones; tales declaraciones contradictorias de parte de varios ministros de Estado y el Vicepresidente insultan a la ciudadanía y sucumben a toda lógica de la verdad, generando confusión en la población y descrédito hacia los gobernantes.
El fondo del asunto está en el posible tráfico de influencias que pudo darse a raíz de la relación y del posible nacimiento de un niño. Eso es lo que hay que investigar. Hablar de Zapata y el supuesto hijo en común con Morales es una causa posible de un posible delito. ¿Quién está investigando a fondo eso? Mientras tanto se ha establecido una comisión multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se dedica a gastar 1 millón de bolivianos para inspeccionar si unos taladros funcionan, si las sales de potasio son esas y no otras, si los contratos se firmaron con tinta azul y no verde; o bien los ministros a cavilar si el niño va a clases y sigue el sistema educativo de la ley Avelino-Siñani o si primero murió y luego resucitó para ser reconocido por su padre como indicó una ministra en la misma declaración ¡Cuánto absurdo!
En todo caso, determinar la existencia o no del hijo servirá para construir el perfil público del presidente Evo Morales y para determinar si hubo motivos, más allá de los sentimentales, para un presunto tráfico de influencias.
La política de nuestros gobernantes parece ser el arte de dar mil vueltas a todo para no acertar en nada o ¿hay miedo a la verdad? Lo mismo está ocurriendo con el caso de corrupción del Fondo Indígena y se lanzan cortinas de humo para desviar la atención. La verdad los hará libres (Jn. 8 ,32) es un principio del Evangelio, también les puede servir a los líderes del proceso de cambio.
