Editorial ANF
A poco menos de dos meses para que el 1º de mayo, como se acostumbra desde hace varios años, se promulgue el decreto de incremento salarial para la gestión 2016, se comienzan a oír voces de diversos sectores tanto a nivel de expectativas como de demandas.
Algunos directivos del sector empresarial privado no solamente piden racionalidad a la hora de establecer un porcentaje de incremento al salario y al mínimo nacional, sino también la participación en la mesa de negociación y diálogo de la que han sido excluidos por el gobierno y los trabajadores en anteriores oportunidades. Su argumentación está basada en el ritmo de incrementos de los últimos años (8% el 2013, 10% el 2014, 8,5% el 2015) que no coincide con el crecimiento y posibilidades reales de muchos sectores. Además, este incremento se suma a la fuerte carga económica que representa el pago en un mismo mes (diciembre) de sueldos y aguinaldos, que obligó a contraer deudas para poder cubrirlos.
Por otro lado, la COB ya se encuentra debatiendo el tema y hará conocer su pliego petitorio al gobierno, al que también exige la entrega del estudio sobre el costo de la canasta familiar, que estaría cercano a los 8200 bolivianos, según dirigentes de la COB.
Hace pocos días atrás, el Vicepresidente del Estado remarcó que el salario no debe perder poder adquisitivo –ventaja para el empresario- y el incremento debe garantizar estabilidad laboral –ventaja para el trabajador- pero no fijó ninguna posición al respecto. El gobierno aún no se ha pronunciado con claridad sobre el tema, pero previsiblemente en un par de semanas más el incremento salarial para 2016 será parte de la agenda política.
Las demandas de unos y otros exigen tener delante la realidad económica del país que enfrenta ya una reducción en sus ingresos a causa de factores externos determinantes como el precio del petróleo (por ahora estable a poco más de 30 USD por barril) y de los minerales (fluctuante hacia la baja el año pasado y ahora recuperando). No se pueden tomar decisiones demagógicas que afecten la estabilidad laboral de los trabajadores por afán de congraciarse con los trabajadores y mantener el apoyo político. Tampoco es razonable que el incremento sea nulo habiendo una base de inflación cercana al 3%.
Es necesario que la mesa de negociación sea entre los actores involucrados (gobierno, representantes de trabajadores y empresarios), pues se deben conocer con veracidad –por extraño que parezca para este tipo de negociaciones- las posibilidades efectivas del sector público y privado. No se trata de pedir por pedir lo que a cada quien le parezca mejor, se trata siempre y sobre todo de atender al bien común. Una lógica proporcional y distributiva no estaría mal en el actual contexto, no todos pueden igual y no todos necesitan más, aunque sea mucho pedir para los cálculos.
