Editorial ANF
La reciente noticia de que el senador Arturo Murillo ha sido condenado a dos años de cárcel por uso de instrumento falsificado (su libreta de servicio militar) se une a una pléyade de informaciones que dan cuenta de situaciones similares en quienes detentan cargos públicos y de gobierno. La triste realidad es que para unos la “justicia” es ágil y contundente, mientras que para otros se hace de la vista gorda, en el Estado Plurinacional ¿no todos somos iguales ante la ley?
Hace unos meses se reveló que el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, carece de título profesional, aunque se evidenció que en algunas biografías o documentos (como su libreta de servicio militar) figuraba una licenciatura en matemáticas, aunque -según él mismo relata- sus conocimientos en sociología y otros los adquirió autodidácticamente, en la cárcel.
El problema no está en que tenga o no título profesional, pues en el país sobran los ejemplos de gente con muchos títulos y nulos conocimientos, ocupando además cargos bien remunerados. Es más, el señor García Linera tiene publicaciones y reconocimientos como intelectual de parte de personas e instituciones. Lo que no está bien es la falsedad y el cinismo injusto de habérsele permitido dar cátedra en la universidad sin cumplir los requisitos y que no existan sanciones al respecto. Por otra parte no quedó claro hasta ahora cómo obtuvo la libreta de servicio militar, ya que las versiones no coinciden al respecto ¿un ciudadano común, sin poder político o económico, gozaría de los mismos beneficios?
Otro debate sobre títulos se suscitó a propósito de los requisitos para postular a Defensor del Pueblo, sobre si debía o no tener un título en un área próxima a las funciones a desempeñar. De tal modo que, para ser Defensor del Pueblo, es obligatorio un título académico mientras que para ser catedrático en sociología, comunicación u otra carrera basta con decir que es licenciado en matemáticas. La meritocracia es importante, seguro, pero tal vez no el único componente para definir el ejercicio de cargos públicos ya que a lo mejor una dosis de transparencia y sinceridad es mejor carta de presentación.
Sin embargo, las cosas no terminan ahí. También se ha estado debatiendo sobre el conocimiento práctico de lenguas nativas, es decir hablarlas, por todo funcionario público, lo que puso en figurillas a la audiencia que interpelaba al gobernador Patzi, pues cuando respondió en aymara a algunos les parecería que era chino y, de todos modos, no lo entendían. Que éste requisito no sea retroactivo sino exigible para las nuevas postulaciones es lo menos importante, el fondo de la cuestión es si de verdad las autoridades actúan en consecuencia con los postulados constitucionales del Estado plurinacional o es mera retórica.
En lo que va del año se han dicho muchas mentiras que dañan la credibilidad, la confianza y la justicia en el país. Es bueno que se exija transparencia y honestidad sobre títulos, libretas u otros, pero para todos y todas. Es excelente que se pueda conversar en otras lenguas con hermanos y hermanas nuestras, pues nos enriquece; pero no a base de certificados que falseen la realidad ya que en definitiva no se sabe el idioma, y ese engaño nos empobrece.
