La reunión se celebra en la sede de la Confederación de Fabriles de Bolivia, adonde llegaron varios dirigentes durante la mañana para debatir sobre el conflicto.
La organización indígena también señaló que los actos de violencia y confrontación, así como los bloqueos de carreteras, están afectando en especial a las comunidades indígenas del norte, que no son responsables del conflicto.
El alcalde de Caranavi, Marco Mamani, declaró que en el desbloqueo del puente Armas participaron concejales de todos los municipios afectados, además de vecinos, campesinos y grupos de mineros del norte paceño.
La convocatoria fue emitida por la COB horas después de la suspensión, por razones de seguridad, de otro ampliado que estaba previsto para la tarde del sábado.
Los médicos solicitaron al Gobierno realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro, mientras que exhortaron a los sectores movilizados a dejar pasar los vehículos que trasladan ese insumo.
Además, informó que gestionó ante la embajada de Brasil la permanencia temporal en el país de un avión de carga con capacidad para 30 toneladas, con el fin de reforzar el puente aéreo para el traslado de alimentos.
Indicó que, durante la inspección, un coronel le informó que la granja proveedora pertenecía a su hermano, hecho que la parlamentaria considera incompatible con el uso de recursos estatales para actividades comerciales.
Rodríguez sostuvo que las pérdidas ya superan los 1.000 millones de dólares en sectores productivos, industriales, exportadores, importadores, comerciales y de servicios.
Salguero afirmó que muchas familias pasaron de la pobreza a la extrema pobreza debido al incremento del costo de vida y a la insuficiencia del bono mensual de discapacidad, que se mantiene en 250 bolivianos.
La Cancillería agregó que las autoridades evaluarán posibles medidas relacionadas con la situación migratoria de la dirigente “en el marco de sus atribuciones legales y administrativas”.
Las maestrías se desarrollarán en idioma inglés y podrán cursarse en modalidad presencial, virtual o híbrida, con una duración de hasta dos años, según el programa elegido.
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, expresó este martes su preocupación por la delincuencia en medio de las protestas en esa ciudad y reconoció que es una amenaza contra los vecinos y comerciantes.
El dirigente Edson Váldez dijo que los acuerdos incumplidos por el Gobierno incluyen un agenda de temas sobre la gasolina de mala calidad, créditos bancarios y hasta sanciones policiales.
