Ante una situación de emergencia humanitaria, el Servicio Jesuita a Migrantes acudió a un punto de concentración de personas migrantes para brindar alimentación y atención básica a quienes más lo necesitaban.
La federación sostiene desde el 6 de mayo un bloqueo de carreteras en la región altiplánica -en particular- del departamento de La Paz, sus dirigentes han resuelto no ir al diálogo.
La movilización partirá este viernes desde el Atrio de la UMSA. Los convocantes denuncian una crisis humanitaria por la falta de combustible, alimentos y medicamentos.
La acumulación de residuos llevó a la Alcaldía a advertir posibles sanciones contractuales y acciones legales, mientras la empresa afirma que trabaja con un plan de contingencia en medio de los conflictos.
Muchos pacientes sobreviven gracias al comercio informal y dependen de los ingresos obtenidos día a día. Las restricciones de circulación no solo les impiden acudir a sus tratamientos, sino también desarrollar sus actividades laborales.
La presidenta de la APDH de El Alto, Virginia Ugarte, denunció que una mujer de 47 años falleció cuando era trasladada de emergencia al Hospital Holandés y no pudo atravesar un punto de bloqueo.
La mujer, de 24 años, padecía de coriocarcinoma avanzado y sufría un sangrado tumoral activo que no cedía al tratamiento en Oruro, por lo que era necesario trasladarla hacia un centro médico especializado.
Familias enteras permanecen atrapadas en las rutas, mientras enfermos son evacuados de emergencia y comerciantes reportan ataques y saqueos durante las medidas de presión.
Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos afirmó que la Trata de personas afecta la libertad, la integridad y los derechos esenciales de las víctimas, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Monseñor Arana integra la Comisión de Diálogo formada a instancias de la Vicepresidencia junto a la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos que intentan acercar al Gobierno y los sectores movilizados.
