La Paz, 5 de agosto (ANF).- El derecho a una muerte digna, que recibe el nombre de ortotanasia, se constituye en un vacío legal en
Bolivia. Una iniciativa ciudadana reflexiona sobre los pacientes
terminales que a diario pasan de la vida a la muerte de manera tortuosa, sin
las herramientas que les permitan prepararse psicológica y emocionalmente para
ese proceso. La propuesta plantea abrir el debate sobre el tema.
“En Bolivia es urgente debatir sobre la muerte digna, por amor y por dignidad”,
sostiene Mariana Vargas, comunicadora social que impulsa un proyecto de ley
referido al tema, a partir de una experiencia personal que marcó su vida, la
muerte de su madre, con horas que precedieron a ese momento, marcadas por el
dolor y la desesperación.
“¿Se imaginan? ¿Partir llenos de aquello que amaron en la vida? ¿De aquello que
admiraron? ¿El olor? ¿El calor? ¿La compañía?”. Ese es el planteamiento de Vargas, que
dista de la realidad que se vive en los hospitales y clínicas, ya que a partir
de un juramento hipocrático, los médicos luchan contra viento y marea para
mantener con signos vitales a pacientes terminales que pasan sus últimos
momentos marcados por un sufrimiento prolongado artificialmente. Pero no sólo eso, sino que por normas
internas de los hospitales no se permite que éstas últimas horas se vivan en
compañía de la familia.
Vargas deja claro que en el proyecto de ley sobre los “Derechos del paciente y muerte digna en Bolivia” no se propone la “eutanasia”, que es la muerte
provocada; según los conceptos de la bioética, el término correcto es
“ortotanasia”, muerte a su tiempo, que se refiere a la ayuda que los pacientes terminales puedan
recibir para transitar de la vida a la muerte de forma digna, con las
herramientas necesarias para hacer de éste “un momento dulce” y no una agonía.
La prolongación de la vida en pacientes terminales se denomina “distanasia”.
Según Vargas, esta práctica está vigente en el país, a partir del juramento
hipocrático de los médicos. La proyectista la denomina como “una
práctica que, mediante tratamientos vanos, que no están dirigidos a sanar o
revertir el cuadro, lo que hacen es extender la agonía y el sufrimiento del paciente”.
“Es preciso entender que se debe respetar el cuerpo del otro como el cuerpo del
otro, no desde los prejuicios de lo que es o no es correcto. Lo que busca el
proyecto de ley es precisamente que se deje de lado este marco antiético que
lleva al médico a actuar para defenderse de cualquier castigo legal”, sostiene.
“El deseo de vivir es natural, no se busca que el paciente muera, sino ayudar a
tener paz; a que esté acompañado de su familia; a sedarlo si es
necesario; que se le dé la comodidad y se le retire cualquier tratamiento que
signifique mayor sufrimiento, para que pueda enfrentarse, tal vez, mejor a la
inminencia de la muerte”, explicó.
"Puede ser que exista un deseo enorme de vivir, pero el
cuerpo está muriendo. Prolongar el ciclo de vida de ese cuerpo es abusivo, porque prolongas el
sufrimiento, vulneras la dignidad, estás faltando el respeto a un ciclo que es
natural. Ante la inminencia de la muerte el médico debe poder actuar, prolongar
el sufrimiento del paciente terminal no es respetar su deseo de vivir”, agregó.
“Esos últimos momentos de sufrimiento pueden marcar todo lo que en vida has
sido. Vivir dignamente es un derecho garantizado en nuestras leyes y tratados
internacionales, entonces ¿porque tu muerte tiene que ser distinta a eso?”,
añadió.
Si bien el artículo 257 del Código Penal Boliviano establece que quienes
incurrieran en provocar una “muerte piadosa" tendrán una pena de reclusión
de uno a tres años, el proyecto de ley plantea la eliminación de dicho artículo
para exonerar de responsabilidad penal a los galenos.
Un ejemplo claro sería dejar de suministrar medicamentos que mantengan los signos vitales, pero que no mitigan el dolor ni el sufrimiento. “(A mi madre) nunca la sedaron
adecuadamente como solicitamos. Le pusieron morfina que estaba contraindicada,
no le calmaba el dolor solo la adormecía, pero estaba despierta y consciente de
todo lo que estaba sucediendo. Cuando le dijimos al médico que le dejen de
suministrar esos medicamentos que tanto le hacían sufrir y que no eran capaces
de revertir su cuadro, ella inmediatamente entró en coma y falleció, pero luego
de haber sufrido días sin mostrar mejora alguna”, recordó.
Vargas no observa solamente este tema, sostiene que el problema es
estructural, surge de un sistema de salud muchas veces indolente con la situación
del paciente y de sus familias.
El documento señala que en situación terminal o de agonía el paciente debe
ser debidamente informado sobre su estado clínico. Cuando se trate de un
paciente que por su estado agónico se encuentre imposibilitado de recibir dicha
información, esta deberá ser brindada a los familiares más cercanos, con amplia
predisposición a salvar dudas respecto al estado de salud, procedimiento
médico, tratamiento y la garantía de recibir tratamientos paliativos para el
dolor en el proceso de la muerte, entre otros aspectos.
La iniciativa se basa en la norma argentina, pero además hay otros países que
han incursionando en esta práctica, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Estados
Unidos y Colombia.
/MAMP/NVG
