La Paz, 16 de julio (ANF). – Lázaro Tacoó, indígena de la nación chiquitana y presidente de la Coordinadora por la Defensa del Territorio, pidió este viernes al presidente Luis Arce y al Movimiento al Socialismo (MAS) respetar su territorio y frenar los asentamientos, advirtió que a la Chiquitanía llegan más personas del Chapare, Cochabamba, y no siempre con buenas intenciones como el cuidado del medio ambiente.
“No queremos ser una colonia del Chapare porque nosotros hemos vivido siempre en libertad, con nuestra forma de ser, para nosotros (los asentamientos) son atentatorios. El Gobierno del MAS quiere hacer de la Chiquitanía otro Chapare, donde intentan sembrar la coca, pues sabemos que la hoja (de coca) excedentaria del Chapare va directamente al narcotráfico y eso nos preocupa”, declaró Tacoó a la ANF.
Dijo que en el Chapare no existe respeto a la autoridad, no hay seguridad ciudadana y que existe una dictadura sindical porque aquel que grita o eleva la voz directamente le callan. “Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos ser una colonia del Chapare”, sostuvo.
Advirtió que con la dotación de tierras a gente del interior del país se pretende exterminar o desplazar a los pueblos indígenas minoritarios, ya que como nación chiquitana tienen su propia cosmovisión, una forma de vida pacífica y con el “neocolonialismo que se emprendió desde el Gobierno”, con la dotación de tierras a otros y no a ellos, solo pretenden dañar a una nación. “El gobierno está practicando lo que tanto crítica, que es el colonialismo, sobre todo el MAS”, subrayó.
El INRA pretende instalar 72 asentamiento en San Miguel de Velasco
El presidente del Comité Cívico de San Miguel de Velasco, Jorge Toledo, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pretende instalar al menos 72 asentamientos en ese municipio, aunque tres ya se habrían instalado. Dijo que lo peor del caso es que el INRA no da prioridad a los oriundos de esa región sino a personas del interior del país como de Cochabamba y Chuquisaca.
“Los oriundos vivimos peleando por dos o tres hectáreas de tierra y se ha dado a gente que no es del lugar, ese es el grave problema; existen alrededor de 72 de asentamientos emitidos por el INRA y se ha hecho de manera política a favor de la gente del Pacto de Unidad. Pretenden distribuir alrededor de 150.000 hectáreas solo en San Miguel de Velasco”, denunció Toledo.
El tema de tierras del oriente del país puso en emergencia al Pacto de Unidad, constituido por organizaciones afines al MAS, tras la conformación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz y la fiscalización de asentamientos que emprendió una comisión especial de la Asamblea Legislativa Departamental, en la que no participa el MAS. El INRA tampoco participó de la constitución de la Comisión Agraria porque considera que está fuera del marco de las leyes.
El representante cívico de San Miguel informó que existen comunidades en el lugar, pero solo en papeles; sin embargo, ve que el riesgo mayor está en que si esas poblaciones se constituyen la normativa les facultará a desmontar un 40% de las tierras dotadas en los primeros años, y por la cantidad, se podría hablar de un impacto considerable al ecosistema de la región y del país.
“Nosotros a la fecha tenemos alrededor de 60.000 hectáreas desmontadas en 300 años de vida; y si permitimos estos asentamientos abusivos impuestos por el INRA, estaríamos ante la posibilidad de duplicar la superficie desmontada en un solo año”, subrayó.
Dijo que en sus manos tiene alrededor de 10 resoluciones de asentamientos emitidas por el INRA y pudo constatar que en su mayoría son dotadas a “gente rica” de Cochabamba y Chuquisaca; ya que llegan al lugar con automóviles modernos y maquinaria pesada. Cree que el objetivo de las dotaciones de tierras en la Chiquitanía y en su municipio es para el tráfico de tierras, la producción de soya y la agricultura, “negocios millonarios”.
Informó que su gente envió en el 2016 al INRA documentación para sanear una comunidad, pero la respuesta nunca llegó hasta el momento. Lamentó que se diera prioridad a las personas del interior del país.
Añadió que el INRA se encuentra en un proceso de “invasión, colonización abusiva y vulneración a los derechos de la nación chiquitana”. “Nuestro municipio ha sido declarado como territorio ancestral por el Viceministerio de Autonomía Indígena y Campesina por medio de la resolución 002/2015”, recordó.
Por su parte, la abogada y asesora de varias comunidades de la Chiquitanía, Patricia Patiño, manifestó que el municipio de San Miguel de Velasco presentó una dura batalla ante los avasallamientos y en la protección de sus tierras.
El indígena Tacoó aseguró que si bien los quechuas y aymaras llegan a territorio chiquitano, no todos tienen la intensión de maltratar el medio ambiente. “Los quechuas y aymaras son inducidos por el poder político del MAS, por gente que nos están imponiendo esta clase de grupos sociales”, manifestó.
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