La Paz, 24 de enero (ANF). – La renuncia de David Tezanos Pinto, en medio del escándalo desatado por la exposición de sus problemas conyugales, continúa generando una ola de reacciones y los exdefensores del Pueblo, Waldo Albarracín y Rolando Villena, también emitieron sus criterios sobre este hecho e incluso el primero sugirió el cierre de la institución.
Albarracín dijo que desde la llegada de Tezanos Pinto a la Defensoría, el gobierno de Evo Morales prácticamente anuló la institución que debería defender los derechos humanos de todos y no sólo de un sector.
“Lo que han hecho (los del Gobierno) es anular el accionar de la Defensoría que a estas alturas está muerta, (entonces) mientras no cambie (su posición) el Gobierno y la Defensoría siga siendo utilizada, creo que debería cerrarse porque es un gasto insulso para el país mantener esta institución y pagar a sus funcionarios, que en la práctica no defienden los derechos humanos de todos”, manifestó en entrevista con ANF.
Asimismo, consideró que la renuncia de Tezanos Pinto, por usar los ambientes de la Defensoría del Pueblo para ventilar sus líos conyugales, es intrascendente para los bolivianos porque “jamás ha defendido los derechos del pueblo”.
En la misma línea, Villena consideró que la “corta gestión” de Tezanos estuvo bajo la sombra del Gobierno porque nunca defendió los intereses de los bolivianos.
“Fue una gestión que ha estado a la sombra del Ejecutivo porque nunca ha existido casos donde él hubiera defendido a los ciudadanos (…), en otras palabras, la corta gestión de Tezanos ha sido sin pena ni gloria”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que desde que Tezanos asumió el cargo en mayo de 2016, la Defensoría perdió su rumbo.
“Ha llevado a la desinstitucionalización, ha perdido el rumbo de dónde se dirige como institución (…), eso por no haberse sujetado a los componentes más importantes de la institución como tal”, indicó.
Por otro lado, lamentó que se hayan utilizado los ambientes de la Defensoría para ventilar asuntos privados.
Tezanos “se dejó llevar olvidando que es una institución pública al utilizar para asuntos que no son propios de la Defensoría, una institución que nos ha costado a los bolivianos tener para la lucha de nuestros derechos humanos. La gente nos encontramos decepcionados por la institución que verdaderamente ha sido cooptada por el Gobierno”, apuntó.
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