La Paz, 29 de noviembre (ANF).- “A María Isabel Pillco la mataron dos veces”, dijo Griselda Sillerico, miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, al recordar el día que murió por los golpes propinados por su pareja y el día que la justicia boliviana absolvió al acusado.
El brazo operativo del Observatorio, conocido como el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, tuvo su tercera sesión este jueves, cuando impulsó una sanción moral y social en contra del Estado Plurinacional por la múltiple vulneración de los derechos en el caso del feminicidio de Pillco por parte de los operadores de justicia.
La anulación de varias pruebas que incluyen la propia declaración de la víctima y el informe del médico forense emitido por el perito del IDIF, la dilación de inspecciones oculares y audiencias, además del acoso y hostigamiento a los familiares de la víctima, como también la represión a las activistas que daban seguimiento a este caso, figuran entre los 11 puntos de la resolución en el marco del ejercicio efectivo del control social – establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)- sobre una de las problemáticas más graves que se vive en Bolivia: la violencia contra las mujeres.
“El caso Pillco pone en evidencia como está el sistema de justicia en Bolivia, es el mejor indicador de cómo el Estado no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esta es la prueba de que pese a que tenemos mucha normativa, todavía no se hace justicia”, manifestó Sillerico.
La abogada Audalia Zurita –quien también estuvo presente junto al padre de María Isabel, Víctor Pillco– afirmó que se encuentran aún a la espera de que el caso vuelva a foja cero para reiniciar el juicio.
Pillco fue golpeada y encerrada por su pareja y ello ocasionó su muerte en noviembre de 2014. Pese a que ella denunció –aún con vida- a su agresor, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de La Paz, conformado por los jueces técnicos José Quiroga e Iván Perales, absolvió al presunto asesino.
“Este caso evidencia toda la estructura patriarcal que tenemos en el sistema judicial que no toma en cuenta las historias de violencias de las víctimas de feminicidio en un sistema que tiene todo su andamiaje institucional induciendo a las víctimas a la conciliación”, comentó Patricia Brañez, una de las veedoras invitadas.
Brañez aseguró que existe todo un sistema cómplice de los agresores y se muestra un tráfico de influencias con sesgos de géneros en todas sus instancias.
“Es todo el sistema, los operadores de justicia, los encargados de la Policía y la FELCV deben tener más control en el cumplimiento de protocolos de atención, si es que están siendo avasallados en muchos de los casos”, dijo María Eugenia Rojas, representante de la Red Latinoamericana por la Democracia,
El Tribunal conformado por Sonia Montaño, socióloga feminista; Freddy Huaraz, especialista en género; y Ximena Galarza, periodista; sesionó por tercera vez abogando por el respeto hacia las mujeres.
También estuvieron presentes como veedoras María Eugenia Rojas, representante de la Red Latinoamericana por la Democracia; Fanny Nina, activista del municipio de El Alto; Marcela Molina, representante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); Mónica Paye, concejala de Pacajes; Lola Gutiérrez, representante del Colectivo Territorio Feminista; y Patricia Brañez, representante de CLADEM en Bolivia.
El caso Pillco se encuentra en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.
Según explica Zurita, ya se realizó la audiencia de fundamentación del recurso de apelación presentado y se encuentra a la espera del sorteo para que los vocales se pronuncien.
“El Tribunal se ha constituido en uno de los pocos espacios de denuncia pública sobre la impunidad y la injusticia que hay en Bolivia. Para nosotros es un tema vital poder contribuir a que este Tribunal sesione por tercera vez considerando que no ha habido avances en este caso que es emblemático, porque representa todos los hechos de violencia contra la mujer que siguen en procesos judiciales sin sentencia”, señaló la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui.
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