La Paz, 2 de mayo de 2025 (ANF). - En audiencia virtual, el Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción 12 de La Paz determinó la detención domiciliaria del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Édgar P. C., por el lapso de cuatro meses. La autoridad académica es investigada por el desvío de 352.500 del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG).
“Vamos a determinar la detención domiciliaria del ahora imputado, el señor Edgar P. C., sin prerrogativa alguna y será en el domicilio que ha hecho conocer su defensa. Asimismo, vamos a autorizar al fiscal y al investigador a verificar en cualquier momento el cumplimiento de la detención domiciliaria del imputado e informar a la autoridad que corresponda”, dictó el juez.
La autoridad académica fue aprehendida el miércoles tras prestar su declaración informativa en la Fiscalía, pero aparentemente sufrió una descompensación en su salud y fue remitido por Bomberos hasta un centro médico donde estuvo internado desde ese día. El decano de Sociales evitó ser trasladado hasta un centro penitenciario y hoy atendió su audiencia de forma virtual.
El juez también determinó arraigo y debe presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público para registrar su firma en el biométrico, no puede acercarse a las instalaciones de la UMSA y debe presentar dos garantes solventes, cada uno con un patrimonio de Bs 30.000. Todas las determinaciones deben ser cumplidas en un plazo de 72 horas, caso contrario se revertirá la detención domiciliaria.
Uno de los argumentos del juez para emitir esa medida fue que, al ser una persona de la tercera edad, pertenece a un grupo vulnerable de la población a quienes se debe dar un trato preferencial de acceso a la justicia.
Durante la audiencia, el fiscal esgrimió los indicios que se encontraron en la etapa de investigación y señaló que, al ser director de la carrera de Comunicación Social y posterior decano de la facultad, tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo en esa institución. Además, alegó que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización que pueden incidir en el proceso.
Al respecto, Fernando García, abogado del sindicado, afirmó que la Fiscalía no presentó ningún elemento fáctico que demuestre que los dineros provenientes del PETAENG hayan sido entregados por la exfuncionaria, quien se encuentra recluida en la cárcel de Obrajes por ese mismo caso.
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