La Paz, 28 de abril de 2026 (ANF).- “Sin presión ciudadana organizada, cualquier intento de transformación en la Policía está destinado al fracaso”, así lo afirmó Omar Durán, experto en seguridad, quien identificó a los actores políticos y a redes criminales como los principales obstáculos para un cambio estructural en la institución.
Durán planteó que la reforma no puede surgir exclusivamente desde el interior de la Policía ni quedar bajo control del mando policial. Por el contrario, propuso activar los mecanismos de participación y control social establecidos en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, mediante una Iniciativa Popular y Nacional que impulse el proceso desde la ciudadanía.
“El problema es que los grupos de poder que están por encima de la estructura policial terminan bloqueando cualquier intento serio de reforma”, advirtió a ANF. Según el analista, estos grupos incluyen tanto a actores políticos como a organizaciones criminales que operan dentro y fuera de la institución, generando una red de protección que frena cambios profundos.
En ese contexto, insistió en que solo una fuerza social externa, articulada y sostenida, puede romper los “filtros” institucionales que han impedido históricamente la transformación policial. A su juicio, la presión ciudadana es el único contrapeso capaz de enfrentar la resistencia de quienes se benefician del actual estado de la institución.
En contraste, la propuesta del presidente Rodrigo Paz Pereira, en su programa de gobierno, es más moderada. Planteó la modernización y profesionalización de la Policía, más que una refundación. Su iniciativa, enmarcada en la denominada “Agenda 50/50”, reconoce una crisis marcada por la pérdida de confianza ciudadana, la corrupción, la violencia interna y la politización.
Entre los ejes centrales de su propuesta se encuentran la recuperación de la autonomía técnica de la Policía, la incorporación de tecnología avanzada —como inteligencia artificial, drones y sistemas de videovigilancia— y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Asimismo, plantea un modelo de seguridad corresponsable, con participación activa de la ciudadanía a través de redes vecinales y mecanismos de prevención del delito.
Sin embargo, el contexto histórico plantea dudas sobre la viabilidad de estas iniciativas. En los últimos 20 años, al menos seis intentos formales de reforma policial han sido anunciados sin lograr cambios estructurales sostenidos.
Analistas coincidieron en que estos fracasos responden a factores persistentes como la politización de la institución, la implementación de medidas superficiales y la falta de voluntad para intervenir en aspectos clave como la carrera policial o los sistemas de control interno.
A ello se suma la presencia de redes de corrupción arraigadas y la ausencia de una reforma integral del sistema de justicia y seguridad, lo que ha convertido la promesa de “reestructuración” en un recurso discursivo recurrente más que en una política efectiva.
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