La Paz, 20 de septiembre (ANF).- Los senadores Rubén Medinaceli y Omar Aguilar (MAS) manifestaron que el médico Jhiery Fernández debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incluso debe ser resarcido en los daños que le causaron al ser sentenciado a 20 años de prisión, pese a ser inocente.
“Nuestra posición es clara, nosotros pesamos que el doctor Fernández debe ser liberado de manera inmediata (…). Es reprochable, es un hecho que muestra cómo está la justicia en el país. Debe ser liberado, es más se debe resarcir los daños tanto en términos morales y económicos”, declaró Medinaceli.
Por su parte el senador Aguilar al referirse a la detención de Fernández afirmó “en mi criterio debe ser liberado”, después de la difusión de un audio de la jueza Patricia Pacajes, en el que revela, entre copas, que el bebé Alexander no fue violado y que el galeno es inocente, pese a eso lo sentenciaron a 20 años de cárcel.
El legislador añadió que una vez que se determine la veracidad del audio, la resolución condenatoria contra Jhiery Fernández “debe ser abrogada” o “debe ser anulada”, para reparar el daño causado a una persona que es inocente de un delito que no cometió.
Fernández está detenido desde noviembre de 2014 cuando el Ministerio Público en base a un informe forense erróneo determinó que el bebé Alexander había sido violado, y que el autor era el médico; en las últimas horas la Fiscalía de La Paz insistió que tienen pruebas “científicas”, aunque no detallaron cuáles.
Medinaceli acotó que tiene que proceder una investigación del audio y de las autoridades que están citadas en la grabación, “hemos tenido la oportunidad de escuchar ese audio y tiene que ser investigado y los que están involucrados deben ser sancionados”, sostuvo.
Pacajes en el audio se refiere al Fiscal General, Ramiro Guerrero; al exgobernador, César Cocarico; a una exministra de Justicia; a la médica forense Ángela Mora y la identifica como la responsable del informe forense en el que determina que hubo violación.
Asimismo, Aguilar lamentó que los tres jueces no hayan tenido la capacidad de valorar la acusación del Ministerio Público en el caso del bebé Alexander, cuando tienen toda la facultad de verificar si las pruebas son contundentes o no y en función a ello imponer sentencia condenatoria o absolutoria.
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