La Paz, 13 de septiembre (ANF).- El proceso penal que declaró inocente al feminicida de María Isabel Pilco, vulneró al menos diez derechos de la víctima, según las conclusiones de la auditoría jurídica impulsada por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema electoral de la Cámara de Diputados.
A más de un año de la sentencia absolutoria que decretó la libertad de David Viscarra, acusado de la muerte de su concubina María Isabel Pilco, el informe legal de esa instancia legislativa asegura que se incurrió en vulneración de los derechos al acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, a un juez imparcial y a un proceso efectivo y con celeridad, así como de los derechos a la vida y a vivir una vida sin violencia.
Destaca además que los jueces a cargo del proceso incumplieron el “deber de interpretar los derechos según los estándares de derechos humanos (…), el deber de la debida diligencia (…) y el deber de prevención”.
El informe legal de la auditoría jurídica fue emitido el pasado 19 de junio y fue hecho público la víspera bajo presión de Elvira Gavincha, madre de la víctima, y de la activista de Mujeres Creando, María Galindo.
El 11 de julio de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de La Paz dictó sentencia absolutoria y decretó la libertad de David Viscarra y ante denuncias de irregularidades en el proceso Mujeres Creando reactivó su demanda de someter a auditoría jurídica todos los juicios por feminicidio.
En declaraciones a ANF, María Galindo recordó que este fue el primer proceso por feminicidio con sentencia absolutoria y el que reactivó las dudas sobre el debido proceso en el sistema de justicia.
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema electoral de la Cámara de Diputados señala en sus conclusiones que “es necesario resaltar que el presente caso refleja una muestra de la realidad que enfrentan muchas víctimas”.
Detalla que la auditoría jurídica realizó una revisión detallada del proceso y complementó la información con peticiones de informe escritos a diferentes instancias comprometidas en el mismo.
Recomienda continuar con las investigaciones y “realizar audiencias públicas con las instituciones involucradas para mejorar el funcionamiento institucional (y garantizar) el mejor acceso a la justicia”.
Según Galindo, la auditoría jurídica “indica una a una las injusticias cometidas y sus conclusiones son muy valiosas porque permitirán sustentar la apelación al fallo que dejó en libertad al feminicida, además de frenar su intento de conseguir la patria potestad de la niña que quedó en la orfandad al morir María Isabel Pilco”.
Dijo que Mujeres creando “va a transferir el valor de este informe al conjunto de los feminicidios” y anunció que” la Cátedra de Derechos Humanos de Universidad de Harvard, que lleva adelante el juicio contra Sánchez de Lozada, ha aceptado llevar a cabo la auditoria jurídica de todos los casos de feminicidio en Bovlivia, porque Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios y la tasa más alta de impunidad”.
El informe de la auditoría jurídica del proceso penal por el feminicidio de María Isabel Pilco, pone en entredicho la actuación de los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales que emitieron la sentencia absolutoria del imputado.
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