La Paz, 11 de julio (ANF).- El expresidente Carlos Mesa aseguró, este miércoles, que la empresa Quiborax, a la que el Estado pagó $us 42,6 millones, condicionó un acuerdo con Bolivia a cambio de sacar del proceso a Allan Henry Fosk acusado por el delito de falsificación de documentos para la constitución del capital accionario de la empresa chilena.
Allan Fosk, David Moscoso y otros miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax fueron procesados en la justicia boliviana por los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica, estafa e incumplimiento de deberes, por falsificar un “acta fundamental” de constitución de la empresa.
“El acta verdadera decía que la empresa era totalmente boliviana y el acta falsificada decía que era mayoritariamente chilena, si no hubiera sido mayoritariamente chilena, no se hubiera podido hacer un juicio internacional, por lo tanto, esa acta falsificada fue clave para llevar a Bolivia a este desastre”, detalla Mesa.
El 2009 David Moscoso, también accionista en la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax, fue sentenciado por la justicia boliviana a dos años de cárcel al reconocer la falsificación; no obstante por este mismo delito Fosk es “sobreseído” dos días antes de firmarse el acuerdo entre Quiborax y la Procuraduría para que el pago sea por 42,6 millones de dólares.
“¿Por qué ocurre esto? Porque la condición que puso Quiborax para aceptar el acuerdo con Bolivia es que se saque el proceso a Allan Fosk, es decir, la justica en un mismo caso condena a David Moscoso y dicta el sobreseimiento de Allan Fosk”, cuestiona Mesa.
Califica de “aberrante” que el acuerdo haya sido parte de una decisión del Órgano Ejecutivo, que terminó decidiendo por encima de la administración de justicia y del Ministerio Público, el que desistió del proceso contra los acusados de la transnacional chilena.
“Lo más grave del tema es que el Poder Ejecutivo va a comprometerse en una acto jurídico”, observa el expresidente Mesa, quien cree que el desistimiento de la fiscalía “es la cereza de la torta de las irregularidades que son la vergüenza de la defensa que hizo la Procuraduría General del Estado”.
En relación a la actuación de la fiscalía, Mesa lamentó que se haya convertido en una “pieza clave del Poder Ejecutivo” y no descartó presentar una complementación de la acusación ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Acotó que se ha probado que la “investigación mal hecha, sesgada, sin haber convocado a las personas más importantes involucradas en este tema, por lo tanto, no confío en lo que pueda hacer la fiscalía”.
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