
La Paz, 19 de noviembre de 2022 (ANF). - El Movimiento al
Socialismo (MAS) impulsó dos denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, por los
conflictos que se registraron en el paro indefinido. La fiscalía de Chuquisaca
admitió una denuncia, mientras que la segunda que se presentó en El Alto fue
observada por los demandados.
“La fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia y lo está remitiendo al departamento de Santa Cruz, nosotros vemos que Santa Cruz se ha vuelto una tierra de nadie y hay una inoperancia por parte de las autoridades del orden. Ambos son líderes del paro departamental que ha derivado violentos choques”, informó Verónica Huanca, abogada del comité impulsor de la demanda.
Esta demanda fue interpuesta por el funcionario de la Procuraduría General del Estado (PGE), Rolando Cruz Pimentel, mismo que presentó denuncias contra la expresidenta Jeanine Añez y otros líderes políticos de la oposición por el caso “golpe de Estado I”.
En tanto que, el abogado Juan Carlos Camacho informó a la ANF que la denuncia presentada por el dirigente ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcel Mayta fue observada por la parte demandada. El gobernador cruceño presentó una acción de incompetencia porque no corresponde que el caso se investigue en La Paz, sino en la capital cruceña.
“Ya se ha presentado el incidente de acción de incompetencia, porque no corresponde que este caso se investigue o esta denuncia esté en La Paz cuando los hechos han ocurrido en Santa Cruz. Entonces, lo que corresponde es la presentación de este incidente y se remitan antecedentes a esa región”, explicó el jurista.
Esta denuncia fue presentada la semana pasada por el dirigente que es simpatizante del partido azul por ocho delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismos y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo.
Con relación a la denuncia impulsada por el funcionario de la Procuraduría, en la resolución de la jueza establece que la presunta comisión del hecho se produjo en la ciudad de Santa Cruz, el domicilio de los denunciados es en esa capital y también las pruebas materiales. Por tanto, corresponde que este caso sea investigado en esa región.
Al respecto, Huanca indicó que la denuncia se basa en los hechos producidos entre el miércoles y jueves de esta semana, cuando se registraron enfrentamientos en el Plan 3000 entre quienes rechazaban el paro y acataban la medida de protestas.
La demanda es por cuatro delitos: discriminación, racismo, atribuirse derechos del pueblo y atentado contra altas autoridades de Estado.
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