La Paz, 5 de noviembre de 2022 (ANF). - Sala Penal Segunda de La Paz ratificó el viernes que Jeanine Áñez no acreditó que hubiese sido presidenta constitucional y, por lo tanto, no corresponde un juicio de responsabilidades por el supuesto nombramiento ilegal de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), sino que debe ser juzgada en la vía ordinaria.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia confirmó que ese tribunal emitió un fallo respaldando la resolución 912/2022 del 13 de octubre de 2022, emitida por el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer.
“Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados por el delito de nombramientos ilegales, a raíz de la designación ilegal que realizó la ciudadana Jeanine Añez Chávez a su prima Karina Fabiola Leiva Añez como gerenta de la citada empresa”, dice el comunicado del Ministerio de Justicia.
El 13 de octubre del año en curso, el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dispuso que Añez sea juzgada en la vía ordinaria, según el juez la exautoridad no acreditó que hubiera adquirido la investidura presidencial tras la renuncia de Evo Morales.
En mayo de 2020, Añez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA. El 2021, el Viceministerio de Transparencia impulsó un proceso en su contra porque esa designación fue irregular, ya que Leiva no cumplía con los requisitos para asumir ese cargo.
Tras conocer la decisión, mediante sus redes sociales la exmandataria cuestionó al decisión de los vocales de la Sala Segunda por seguir “el libreto” del Ministerio de Justicia.
“Vocales de La Paz Henry David Sánchez y César Portocarrero calcando el libreto del Ministerio de Justicia masista, resuelven en Patraña 3, con cámaras apagadas en audiencia virtual, que Jeanine Añez no fue presidenta de Bolivia. Si ella no fue, tampoco Luis Arce es. Golpe judicial”, escribió en su cuenta de Twitter.
La expresidenta está recluida desde marzo de 2021 en la cárcel de Miraflores, acusada por múltiples delitos por el caso del supuesto golpe de Estado. En junio de este año fue condenada a 10 años de prisión.
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