Juristas: Justicia usa modalidad ilegal del "secuestro" para hacer aprehensiones sin órdenes

Indicó que esta calidad de comportamiento definitivamente obedece a un tipo de gobierno que está haciendo mal uso de la fuerza y mal uso del poder, debido a que en ninguna parte de las normas vigentes se establece que el Ministerio Público o los jueces pueden autorizar “un comportamiento de esa naturaleza”.

“El Estado debe identificar plenamente los instrumentos que utiliza, es decir, si va a realizar una detención debe hacerlo en un vehículo que esté plenamente identificado, con personas, que van a realizar la detención, debidamente identificadas, para saber que se trata de funcionarios que pertenecen al Estado, si estuviese ocurriendo todo lo contrario, entonces estamos frente a detenciones ilegales, frente a un secuestro a cargo del Estado”, manifestó Quiroz a ANF.

El martes, Antonio “Tonchy” Bascopé, tras ser liberado del penal de Palmasola, fue abordado por desconocidos e introducido por la fuerza a un vehículo, cuando se encontraba junto a su esposa y su madre. Bascopé, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, estaba detenido en Palmasola desde fines de 2020 por tráfico de sustancias controladas. Tras su nueva aprehensión, fue llevado a Sucre para que responda por los destrozos en el frontis de la Fiscalía General del Estado, registrado el 5 y 6 de octubre de 2020.

Este accionar de la policía, avalado por el Ministerio Público, es frecuente y ocurrió también contra Reynaldo Ramírez Vale, entre otros casos. El 11 de mayo de 2015 Reynaldo fue detenido en la terminal de Buses de Cochabamba por sujetos de civil no identificados que lo subieron por la fuerza a un vehículo particular para llevarlo a la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC). Los efectivos no le permitieron contactar a un abogado ni a sus familiares y lo torturaron para conseguir una confesión. Ningún policía fue castigado.

El Comité Cívico pro Santa Cruz denunció que "Tonchy" Bascopé, que fue trasladado a Sucre desde Santa Cruz, "fue golpeado, torturado, vejado por más de 15 horas", lo "que ha derivado en una intervención quirúrgica".

Otro caso emblemático de tortura es el realizado en contra del apicultor Juan Bascopé Cari, acusado en el caso Apolo. 

La práctica de la tortura es frecuente en Bolivia por parte de funcionarios del Estado y es inherente a todos los gobiernos, refiere el Instituto de Prevención contra la Tortura (ITEI) que adelantó que la policía utiliza este acto ilegal como método de investigación.

Casi dos días después, la fiscalía se pronunció para decir que Bascopé tenía pleno conocimiento de la orden de aprehensión y descartó hechos de tortura en su contra.

“No ha existido hecho de tortura hacia el señor Bascopé y son las pruebas que van a desvirtuar los extremos, ya que se cuenta con una representación del Policía que ejecutó la orden de aprehensión en la ciudad de Santa cruz; el imputado, al salir de Palmasola, fue notificado y se negó a firmar, por lo que fue aprehendido y trasladado a la ciudad de Sucre”, dijo el fiscal de Materia Anticorrupción, Daniel Fernández.

Al abogado Martín Camacho aseveró que Bascopé nunca fue notificado con ningún nuevo proceso, no se le entregó ningún papel y de ninguna manera su defendido tenía conocimiento de ningún proceso, y “al no existir citaciones ni mandamientos en su contra, definitivamente estamos hablado de un secuestro, de una privación de libertad de manera ilegal”.

Quiroz indicó que existe múltiple jurisprudencia internacional emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a las detenciones, y que estas se deben hacer en base a las normas vigentes, respetando las garantías constitucionales, y cuando el Estado actúa de esa manera –como en el caso de Bascopé- lo está haciendo bajo el criterio de la fuerza no permitida.

“No hay necesidad de usar la fuerza, a no ser que se compruebe que la persona opuso resistencia”, refiere el jurista.

De acuerdo al análisis de la Corte IDH, si se establece que el Estado no informó a las víctimas de las “causas” o “razones” de su detención, la detención será ilegal y, por ende, contraria al artículo 7.2 de la Convención Americana, pero además constituirá una violación del derecho consagrado en el artículo 7.4 de la misma Convención.

Quiroz recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de “órganos criminales los estados”, y se refiere así a los “órganos del Estado que se prestan a realizar este tipo de acciones que vulneran los derechos de los ciudadanos y que van en contra de todo tratado y convenio internacional referido a derechos humanos”.